Autoridades civiles y eclesiásticas encubren crímenes en La Ciudad de los Niños: ONG
Urge que se investigue y se imponga un castigo al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, señala
Hace dos años el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, fundador del albregue La Ciudad de los Niños, fue declarado “salamantino distinguido”, luego el ayuntamiento le puso su nombre a una calle, mientras la diócesis de Irapuato le autorizó operar la casa hogar, otorgándole la Sociedad de Vida Apostólica. A pesar de las decenas de denuncias, autoridades civiles y eclesiásticas le permitieron seguir operando.
Nacido el 24 de febrero de 1941 en Quiroga, Michoacán, el sacerdote Gutiérrez Farías, alias Papi, estudió en el seminario de Morelia y fue ordenado el 28 de febrero de 1965 a los 24 años. Su trabajo pastoral se reduce a dos años en Aguascalientes y en su tierra natal, porque muy pronto inició su “labor altruista” con la niñez, fundando el primer albergue en Guanajuato.
La diócesis de Irapuato le permitió operar sin la autorización del Vaticano durante 30 años, hasta que en 2005 recibió el visto bueno de Roma y así manejar sus seis albergues para menores. También le dejó adoptar más de 171 niños junto con cuatro religiosas: Hortensia Jiménez Cruz, Yolanda Anguiano Franco, Velia Morales Moreno y María de la Luz Reyes Soto.
Además, se le permitió tener su propia orden religiosa, la cual ya goza de la aprobación ad experimentum del Vaticano.
A pesar de la sentencia federal emitida por la juez Karla María Macías Lovera en el expediente 475/2016-VIII, el sacerdote sigue disfrutando de su libertad, al igual que las religiosas y el personal que laboraba en los seis albergues investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
“Estamos frente a un caso de doble impunidad, de impunidad total. Me parece grave en los dos sentidos: por una parte el Estado mexicano que no lo detiene para investigarlo y que se le someta a juicio y, por el otro, una institución como la Iglesia, que tiene que proteger sobre todo a las víctimas”, dice en entrevista con La Jornada fray Julián Cruzalta, fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir.
Falso Estado laico
Al estallar el escándalo de los abusos cometidos en los albergues del sacerdote Gutiérrez Farías, la diócesis de Irapuato emitió un boletín para apoyar su labor, argumentando que ha “rescatado numerosas vidas del abandono”.
Al ser cuestionado por la prensa, el obispo Enrique Díaz Díaz se refirió a las denuncias como “supuestos maltratos y abusos a menores”. Si sale “que estos no son ciertos, espero que nos ayuden, así como se ha difundido tanto esto. Se hacen acusaciones muy generales, es difícil de comprobar; si no fuera cierto esto, la imagen queda dañada”.
Ex trabajadores de los albergues a los que les constan las denuncias han sido recibidos por el obispo para ponerlo al tanto de los casos, pero señalan que el prelado les responde que no “hay pruebas”.
Fray Julián Cruzalta considera que urge iniciar un proceso canónico contra el sacerdote Gutiérrez Farías, y dice que de entrada debería haber sido suspendido de sus funciones de manera temporal. “El proceso canónico consiste en avisar a una comisión que el Vaticano ha nombrado.
“Cuando se investiga, hay una suspensión, de entrada, temporal, y si es culpable, lo primero es que se le retira del sacerdocio. Un sacerdote no debe cometer este tipo de delitos y seguir vigente. Es muy grave”.
Añade: “Sabemos que en ambos casos: el eclesiástico y el civil, no ha habido justicia por las ligas y protección que tiene este sacerdote con la clase gobernante y económicamente fuerte de la región y del país, como Vicente Fox, que ha sido donatario, y lo tapan a este nivel. Es la mala costumbre que tienen; es la práctica mexicana. Así se ‘arreglan’ las cosas en este país, por desgracia”.
Por eso, señala que la impunidad que cubre a los sacerdotes pederastas ha generado vicios: “En México vivimos un Estado laico de derecho, pero por abajo de la mesa hay arreglos en lo oscurito entre los políticos, los obispos y los cardenales”.
Agrega: “Aquí hay un fuero eclesiástico. Cuando hay un delito de un sacerdote, inmediatamente le avisan al obispo y luego a los procuradores, y lo arreglan por debajo del agua, lo solucionan a ese nivel. No hay justicia. Luego se preocupan para que los medios no se enteren y así manejar el control de daños. Y lo arreglan por orden del gobernador, el procurador o fiscal, y lo callan”.
Explica que si existiera una sentencia eclesiástica, el sacerdote denunciado por abusos en La Ciudad de los Niños de Salamanca quedaría fuera del sacerdocio, pero insiste: “faltaría la reparación del daño a las víctimas. La justicia mexicana es la encargada de decir: no basta con que lo separen del sacerdocio, cometió un delito”.
Institución desprestigiada
El gobernador de Guanajuanto, el panista Miguel Márquez Márquez, declaró que no han detenido al sacerdote porque no existen “denuncias”.
Fray Julián, también fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, dice que lamentablemente la autoridad civil se convierte en cómplice de los sacerdotes pederastas.
“Los poderes encargados de gobernar este país y hacer justicia, es decir, los gobernadores, las procuradurías y fiscalías, ejercen este veto de protección a sacerdotes pederastas”, insiste.
Añade: “Es grave que a pesar de tantas denuncias y tantos casos en el país, se siga protegiendo a sacerdotes pederastas, y que no haya justicia ni que se investi- guen realmente los abusos porque existe un fuero eclesial no formal, pero si real en México”.
Y critica la actitud de encubrimiento de la jerarquía católica: “Una institución como la Iglesia, que habla de la justicia y de la verdad, y que actualmente no hace justicia ni busca la verdad, es muy grave. La fuerza de la Iglesia es moral y si no hace lo que debe hacer, como no lo ha hecho en muchos casos, por desgracia, pues tiene más desprestigio.
“La Iglesia ya es una institución muy desprestigiada, moralmente hablando, y esto nos acaba de hundir. Yo amo a esta Iglesia y soy parte, por tanto les digo que hay que combatir lo que está haciendo daño”.
El simple hecho de registrar 171 niños a su nombre, dice, demuestra un grave delito: “Está fuera de toda normatividad. Si es sacerdote, no puede tener hijos. Hay una alteración legal. No debería haberse hecho este registro. No suena sano ni lógico para un sacerdote católico registrar tantos menores. Allí hay un delito con el Registro Civil, que no le dieron trato normal como a cualquier ciudadano mexicano. Y se debe sancionar a quien autorizó estas actas”.
La diócesis de Irapuato, a través del tribunal eclesiástico, debería haber iniciado este juicio canónico e informar a la sociedad, dice.
“Desconocemos si hay un proceso canónico contra este sacerdote. Lo terrible sería que no se haya hecho. Habría que pedirle las pruebas al obispo para saber si esta cumpliendo con la normatividad. Lo claro es que no se siguió”.
Y explica que a estas alturas el papa Francisco ya tendría que estar enterado del caso de La Ciudad de los Niños de Salamanca por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que permanece en silencio. “Por un lado, la nunciatura debería informar al pontífice y, por el otro, la CEM debe buscar justicia”.
El nuncio apostólico, Franco Coppola, tampoco se se ha referido a este caso.
“En uno y otro caso, no sé si ya lo hicieron del conocimiento de Roma, pero deberían hacerlo, es su obligación. Lo que pido es que se someta a juicio a Gutiérrez Farías, y que el Estado mexicano haga una investigación, y si es culpable, que reciba una condena. Sólo terminando con la impunidad que cubre a los sacerdotes pederastas se podrán detener estos crímenes. Si no hay justicia, es una invitación a que vuelvan a repetirse estas historias”, agrega Julián Cruzalta.
Cerrar para tapar
El pasado jueves el gobernador Miguel Márquez anunció el cierre definitivo de La Ciudad de los Niños, algo que ha alertado a las organizaciones civiles de defensa de la niñez, porque podría significar una medida para eliminar pruebas y testimonios contra el sacerdote acusado y perpetuar la impunidad.
El Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (Nima), que ha estado trabajando con las víctimas, externó su preocupación porque el mandatario estatal dijo que los menores serían devueltos a sus familias, sin antes existir planes individuales de restitución de derechos ni un proceso gradual de reintegración familiar.
En un comunicado, señaló que debe hacerse público si el cierre del albergue es una “extinción de la asociación” o una “suspensión oficial”. En este último caso “es necesario saber cuáles son las irregularidades en las que incurrió la asociación y si son reconocidas por el gobierno de Guanajuato”.
Antes del cierre del albergue, que podría funcionar como una tapadera de los crímenes que allí se cometieron para garantizar impunidad al sacerdote responsable y su pesonal, el Nima propone instalar una mesa estatal para revisar el caso. “Se requiere sanción a los responsables, reparación integral del daño y medidas de no repetición”.