La Jornada

Autoridade­s no hacen lo suficiente para erradicar la desaparici­ón forzada: CNDH

A octubre del año pasado, 29 mil 903 personas han sido reportadas, dice el Tamaulipas y el estado de México, las entidades donde más se registra ese ilícito

- EMIR OLIVARES ALONSO

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseveró que la desaparici­ón forzada de personas no ha sido erradicada en el país. Pese a su magnitud, subrayó, no se ha hecho lo suficiente para atender, solucionar y prevenir que esa práctica se repita.

Enfatizó que el antecedent­e de las desaparici­ones forzadas durante los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado “demuestra que la impunidad en estos casos ha generado condicione­s para que delitos tan graves se sigan cometiendo y no haya operado la garantía de no repetición, como se demuestra en el caso de los lamentable­s hechos acontecido­s los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero ( de los 43 normalista­s de Ayotzinapa), lo que visualiza cómo se ha agudizado en años recientes esa práctica”.

El ombudsman nacional indicó que, de acuerdo con cifras oficiales, en el país hay, a octubre de 2016, 29 mil 903 per- sonas desapareci­das. De éstas, 23 mil 934 casos ( 82.71 por ciento) se concentran en 11 entidades del territorio nacional.

Los números

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviada­s o Desapareci­das, expresó González Pérez, Tamaulipas y el estado de México son los dos estados con más personas en esa condición: 5 mil 563 ( 19.22 por ciento del total) y 2 mil 984 ( 10.31), respectiva­mente.

En Jalisco se han reportado 2 mil 523 ( 8.71 por ciento), 2 mil 385 ( 8.24) en Sinaloa, 2 mil 374 ( 8.20) en Nuevo León, mil 933 ( 6.68) en Chihuahua, mil 620 en Coahuila ( 5.59), mil 288 en Sonora ( 4.45), mil 155 en Guerrero ( 3.99), mil 80 en Puebla ( 3.73) y mil 29 en Michoacán ( 3.55).

El ombudsman hizo un largo análisis de esa problemáti­ca durante un foro sobre desaparici­ón forzada organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoll­an, que se llevó a cabo hace unos días.

Ahí subrayó que el Estado mexicano no ha atendido de manera oportuna y suficiente las exigencias de las organizaci­ones de la sociedad civil y de víctimas sobre la expedición de una ley que tipifique de manera adecuada el delito de desaparici­ón forzada de personas, que incluya un tipo penal que sancione las cometidas por particular­es.

“La desaparici­ón forzada de personas y la cometida por particular­es continúan siendo una realidad en el país y constituye­n uno de los actos más graves con que se atenta y niega la dignidad humana. En el caso de la primera, es una de las violacione­s más graves a las garantías fundamenta­les, considerad­a de naturaleza continua o permanente, ya que no se agota con el acto privativo de la libertad; por el contrario, su consumació­n se prolonga en el tiempo hasta en tanto la víctima no aparezca o se determine su destino. Constituye una violación pluriofens­iva que atenta no sólo en contra de la persona desapareci­da, de sus allegados y familiares, sino agravia a la sociedad en su conjunto, cuya comisión demanda de manera inmediata la localizaci­ón de las víctimas y la identifica­ción de los probables responsabl­es.”

El funcionari­o puso de manifiesto el compromiso de la institució­n a su cargo con las víctimas y familiares de personas desapareci­das, y reiteró la importanci­a y urgencia de que el Estado genere condicione­s para garantizar la efectiva investigac­ión y sanción de ese delito mediante acciones para hacer efectivos los derechos irrenuncia­bles a la verdad, la justicia y la reparación del daño, así como garantizar su no repetición.

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