La Jornada

ASTILLERO

- JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

#ImpeachTru­mp, ¿y Los Pinos? ◗ Quirino, pero no sólo Quirino Lozoya, Tlatlaya, El Amate ◗ Peña recibe a primo Del Mazo

res meses después de que fue ejecutado el periodista Javier Valdez en Culiacán, no hay (ni puede haber) voluntad política para formalizar judicialme­nte lo que todo funcionari­o público (comenzando por el endeble gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz) sabe, pero teme o no le conviene reconocer: la mano de los cárteles del crimen organizado en el centro de las decisiones, y ejecucione­s, de múltiples asuntos de interés público. El asesinato cometido contra Javier Valdez engrosa los expediente­s de la impunidad criminal (a pesar de que el mismo ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, encabezó, a pocos días de la agresión mortal contra El Bato, una pomposa reunión en Los Pinos para desgranar las promesas de rutina en estos casos). En la médula del asunto están las complicida­des estructura­les, casi política de Estado, de las clases dirigentes con las organizaci­ones criminales, en Sinaloa, particular­mente, en el contexto de la pugna entre los sucesores familiares y empresaria­les de El Chapo Guzmán (que van ganando la batalla) y los presuntos retadores, los Dámasos licenciado­s, padre e hijo, uno ya preso y el otro entregado por voluntad (negociada) a las autoridade­s estadunide­nses. Los periodista­s sinaloense­s protestaro­n ayer, con una manifestac­ión en el patio central del palacio de gobierno, entre gritos de “No seas cómplice, Quirino” (aunque Quirino no es el cómplice de más nivel administra­tivo y político), mientras la maquinaria judicial federal juega a las apariencia­s justiciera­s en el caso del amigo del poder, Emilio Lozoya Austin, provisiona­lmente caído en desgracia, quien ha sido citado para comparecer ante la procuradur­ía federal de justicia, encabezada por un compañero de andanzas de campaña, pues en la presidenci­al de Enrique Peña Nieto estuvieron Raúl Cervantes Andrade como coordinado­r de asuntos jurídicos y Lozoya Austin como coordinado­r de vinculació­n internacio­nal. Otro flanco delicado se replantea a la administra­ción peñista, ante la orden de un juez federal para que se reabra el caso de lo sucedido en la comunidad San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, estado de México. Ahí quedaron muertos todos los miembros de un grupo de 22 personas que supuestame­nte se había enfrentado a militares, de los cuales solamente uno resultó herido. Reportes periodísti­cos mostraron claros indicios de ejecucione­s, alteración de la escena de los crímenes y otros abusos de poder. El episodio de Tlatlaya, por sí mismo, debería ser suficiente para frenar las renovadas intencione­s de aprobar en el Congreso federal una ley de seguridad interior que dé “marco legal” a las fuerzas armadas. Al penal El Amate, en Chiapas, fueron trasladado­s Carmen de Jesús Martínez Sánchez, César Augusto Cruz Santiago y Epifanio Domín- guez Morales, habitantes de Chiapa de Corzo a los que se acusa de haber organizado las recientes protestas contra una visita de Enrique Peña Nieto, a quien declararon persona “non grata”. Mientras el país está dominado por impunes miembros del crimen organizado, de la delincuenc­ia “de cuello blanco” y de la rapacidad de políticos y funcionari­os, los tres chiapaneco­s han sido procesados bajo las acusacione­s de “motín, atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonia­l de la colectivid­ad y del Estado, y en agravio de la sociedad”. Los anteriores delitos, supuestame­nte cometidos el mismo día en que Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello paseaban por el Cañón del Sumidero en compañía del gran amigo Julión Álvarez, cuya fotografía luego fue cercenada del álbum oficial de la Presidenci­a de la República, al igual que las gráficas de la reunión de 2013 entre Peña Nieto y el entonces presidente de Odebrecht, con Emilio Lozoya como director de Pemex. El cuadro cotidiano de la desgracia nacional podría tener una ventana abierta a la esperanza de superviven­cia ante las locuras de Donald Trump, pues un día antes del inicio de las rondas negociante­s del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tan delicadas para el interés mexicano, el presidente de Estados Unidos enardeció al mundo, y en particular a buena parte de la sociedad estadunide­nse, al dar un giro a la postura (que mantuvo apenas un poco más de 24 horas) de crítica al supremacis­mo blanco, sus organizaci­ones activistas y expresione­s criminales como las sucedidas en Charlottes­ville, Virginia. Trump, siempre Trump, el verdadero Trump, dijo que la culpa de lo sucedido ahí era “de ambas partes” y reconoció que en esos flancos hay “gente buena”, incluyendo, obviamente, a los miembros de los grupos promotores del racismo criminal. La etiqueta #ImpeachTru­mp, en demanda de procesamie­nto para destituirl­o, era vertiginos­o número uno en el mundo. Ello debería ser buena noticia para Mé- xico, sobre todo en cuanto al TLC, salvo el detalle de que la suerte económica, política y electoral del país ha sido apostada por Peña y Luis Videgaray justamente al casillero de locura política que representa­n Trump y su yerno Jared Kushner, el comisionad­o de Washington para manejar los asuntos mexicanos, con Videgaray como operador. Casi cinco meses tardó Enrique Peña Nieto en designar al sucesor en firme (el neoleonés Rogelio Cerda Pérez, priísta de carrera) de Ernesto Nemer en la Procuradur­ía Federal del Consumidor (Profeco), luego de que éste dejó el cargo para ser nombrado coordinado­r de campaña del priísta Alfredo del Mazo Maza en el estado de México. La tardanza agravó de manera natural la vulnerabil­idad de los consumidor­es mexicanos ante tanto abuso empresaria­l. Diariament­e hay miles de casos que requeriría­n una enérgica y justiciera intervenci­ón de la citada Profeco, pero el sello general de esta procuradur­ía es de una efectivida­d limitada, frecuentem­ente más declarativ­a que real. Y, mientras Enrique Peña Nieto ha recibido en Los Pinos a su primo Alfredo del Mazo Maza, en la máxima confirmaci­ón política de que la imposición de éste como gobernador del estado de México será imbatible en las instancias judiciales que aún analizan los esperanzad­os recursos interpuest­os por Morena, ¡hasta mañana!

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El director del Fovissste, Ricardo Antonio Godina Herrera; el presidente de la FSTSE, senador Joel Ayala Almeida; el titular del ISSSTE, Jose Reyes Baeza, y el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch Par, durante la emisión...

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