Piden campesinos la cancelación del TLCAN
El TLCAN empezó a ser analizado este miércoles hasta el domingo 20; Ildefonso Guajardo de México y Robert Lighthizer de Estados Unidos desde Washington se ha abierto el debate de los alcances que ha tenido éste, después de que Trump declarara que el tratado es desfavorable, porque ha traído a su país desempleo y déficit para EU. Si él dice eso, ¿qué se podrá decir de México?
El Partido Popular Socialista desde antes que se firmara el tratado advirtió y se opuso a éste, argumentando que nuestro país no estaba preparado para entrar al TLCAN, debido a que nuestra economía carecía de independencia, es decir, dependía y depende de los monopolios extranjeros y de la economía estadunidense, por lo tanto, la diferencia de desarrollo industrial y agropecuario no está al mismo nivel de EU y Canadá.
Miles de campesinos y campesinas se encuentran en Ciudad de México, con la exigencia generalizada: la cancelación del tratado, por sus efectos negativos sobre la economía nacional, principalmente del campo y de la industria, burda mentira la del gobierno, que todavía cree que el tratado traería desarrollo y empleos para nuestro país. Si realizaran una evaluación verdadera, objetiva, llegarían al caso de que el TLCAN ha provocado contradicciones negativas en las exportaciones e importaciones, el cruce de mercancías, así a diestra y siniestra crea caos en los productores de los tres países, peor para México, que tiene un comercio de 80 por ciento con Estados Unidos, en lugar de diversificar la apertura con otros países, con base en el beneficio mutuo.
Las muestras que los tratados comerciales, a manera de integración no funcionan, son las emigraciones de mexicanos hacia Canadá, Estados Unidos y de emigraciones de éstos países hacia otras regiones. Otro ejemplo serían los índices de pobreza que crece cada vez más. No se espera que los gobiernos empeñados en los negocios de un mercado que no es libre y que sólo favorece a una minoría, reparen los daños a los amplios sectores de la sociedad de sus países, la organización de los pueblos es la que a fin de cuentas lograrán revertirlos.
De lo que no se habla en estas renegociaciones del TLCAN, ni está en la mesa de discusión es lo relacionado a los productos transgénicos que ocasionan daños a la salud, debido al agrotóxico glifosato y a otros fertilizantes que aceleran la producción del campo, contaminando también la cadena alimenticia. Nadie hablará de la explotación de los trabajadores y de los daños por la exposición a agentes dañinos en la producción, la violación de los derechos humanos y las deportaciones que haga el imperialismo de nuestros connacionales. manera más atenta, la liberación inmediata de los ciudadanos Jesús Martínez Sánchez, César Augusto Cruz Santos y Epifanio Domínguez Morales, todos de Chiapa de Corzo. Ellos son acusados por haber organizado la manifestación en la que, durante su visita a esa entidad, se le declaró como persona non grata.
Realmente son monstruosas las acusaciones, antidemocráticas, ¿cómo podemos así dar lecciones a Venezuela?, atenta contra su libertad ciudadana a manifestarse, pero sobre todo, son inmensamente injustas. Son acusados de “motín, atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, de agravio a la sociedad”. Le exijo, señor Presidente, que los tres ciudadanos queden en inmediata libertad. Ello, en nombre de la justicia, la democracia y de las libertades ciudadanas. porque si no se hubiera hecho pública la información proporcionada por los ejecutivos de Odebretch, que involucran al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, la PGR habría mantenido el expediente expuesto exclusivamente al incisivo juicio de los roedores, al menos por cinco años.
Ya sabemos por miles de casos igual, menos o más graves, que el estado de derecho se reduce a un pútrido pacto de impunidad.
Apuesto a que la función de mañana será el prolegómeno de una comedia bufa en la que el final es bastante conocido, con algunos culebrones opcionales. Primer acto: la PGR integra mal el expediente. Segundo acto: el Ministerio Público Federal no aporta pruebas aunque las tenga en su poder. Tercer acto: un juez le concede un amparo por cualquiera de los subterfugios siguientes: no se respetó el debido proceso, la detención fue ilegal, le violaron sus derechos humanos, se le probaron sólo poquito los hechos, insuficientes para decretar su culpabilidad, o por algún tecnicismo huizachero.
Este es el estado de desecho que invoca la clase política, es del que ya estamos hartos los mexicanos.