Fuerzas armadas e impartición de justicia, temas en que Jesús Aranda era especialista
En 20 años de trabajo en documentó asuntos relevantes del país Su desempeño crítico derivó en que el Ejército lo vetara de sus actos públicos
Jesús Aranda Terrones llegó a la redacción de esta casa editorial el 26 de agosto de 1993, donde se incorporó al equipo de reporteros y dio inicio a una larga trayectoria periodística en la que se especializó en dos temas centrales: las fuerzas armadas y las vicisitudes de la impartición de justicia en México.
Desde esa trinchera, atestiguó la creciente participación castrense en las tareas de seguridad, el combate al narcotráfico y dio cobertura a resoluciones polémicas de los ministros de la Suprema Corte. Este martes falleció de un paro cardiaco a la edad de 53 años.
Jesús Aranda dio cobertura a fuentes informativas que comenzaron a tener mayor protagonismo: en las instituciones castrenses documentó casos relevantes, desde la caída del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue considerado zar de las drogas en los años 90; los complejos procesos legales contra los generales Arturo Acosta Chaparro –célebre por su papel en la guerra sucia en la década de los 70– y Francisco Quirós Hermosillo, acusados de vínculos con el narcotráfico.
Sin descuidar otra vertiente fundamental: el involucramiento de los militares en violaciones a derechos humanos, en casos como la masacre de Tlatlaya. Asociado a su mayor presencia pública, se dispararon las quejas contra las fuerzas castrenses por presuntas violaciones a las garantías fundamentales, mismas que fueron documentadas por Aranda, quien, desde esa perspectiva, también informó sobre las inconformidades de los altos mandos del Ejército por la incomodidad que les genera participar en estas tareas sin una legislación que las regule.
Asimismo, dio cobertura al zigzagueante rumbo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como máximo tribunal del país, informando de cuestionadas resoluciones, como la sentencia que determinó la absolución de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de participar en una banda de secuestradores, o la cuestionada decisión de absolver a todos los involucrados en los procesos legales por la masacre de Acteal. También cubrió las resoluciones de la SCJN respecto de la anulación de la denominada Ley Televisa, los matrimonios entre personas del mismo sexo o el aborto.
Decano de ambas fuentes informativas, Aranda estudió periodismo, en principio, en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, pero muy pronto obtuvo una beca para continuar su formación académica en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, en Moscú, en la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde vivió durante seis años.
Empezó su carrera periodístíca en la agencia Lemus y posteriormente laboró para El Sol de México, antes de ingresar a La Jornada, donde le fueron asignados las fuentes de las fuerzas armadas y la SCJN. La especialización que alcanzó en ambos temas le permitió comenzar a escribir una columna dedicada específicamente a estos tópicos: Milicia y Justicia, que se difundía en La Jornada en línea semanalmente.
Hombre afable y de buen trato, sus posturas críticas hacia el desempeño de las fuerzas armadas desde esa plataforma derivaron en que la Secretaría de la Defensa Nacional le vetara el acceso a sus actos públi- cos, en mayo pasado. La censura implícita a su labor profesional le llevó a interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en respuesta, instruyó medidas cautelares para garantizar el trabajo de Aranda en la dependencia castrense, paradójicamente, después de 20 años de cobertura.
Un ministro que pecó de honesto
Durante los años que Aranda cubrió la información de la SCJN no sólo reportó las sesiones y sentencias de los ministros, sino parte de los entretelones de la vida de ese tribunal, sus millonarios salarios, las jugosas prestaciones y las excelentes condiciones laborales que preservan hasta en el retiro. Pero también las transformaciones y sucesiones en la Corte, incluida la profunda reforma que impulsó hacia mediados de los años 90 el presidente Ernesto Zedillo.
Asimismo, algunas de las vicisitudes que han rodeado la sucesión del poder al interior de la Corte, incluida aquella infortunada experiencia del ministro Juventino V. Castro, quien no alcanzó la presidencia de la SCJN por el prurito que le impidió votar por sí mismo, sucumbiendo ante su adversario por ese voto. Castro pecó de honesto, sentenciaron después quienes participaron en la elección.
Años después, Aranda dio cobertura a otro memorable relevo presidencial en la máximo tribunal: “en una sesión histórica y maratónica, los ministros necesitaron 32 rondas para desempatar la votación y elegir a Luis María Aguilar Morales”. Y acotaba para aludir a una suerte de inmolación de quien le precedió en el cargo, Juan Silva Meza, quien modificó su voto “por el bien de la institución”.
Otro tema de la vida interna de la Corte fue el seguimiento de un caso que ruborizaría al Poder Judicial: un escándalo por acoso sexual y laboral en el Canal Judicial que involucraba a Enrique Rodríguez, entonces su director, que precipitaría su salida.
Milicia y Justicia
En la última etapa de su trayectoria periodística, Aranda incursionó en el género de la columna para difundir por esta vía mucha de la información que se manejaba en los pasillos de la Corte y las fuerzas armadas. En esta faceta, entre otros temas que difundió fue un nuevo esquema de “colaboración” militar entre Estados Unidos, por medio de su Comando Sur, y México, pero que en los hechos implicaba un alto riesgo de subordinación de las fuerzas armadas mexicanas a los intereses estadunidenses en la región.
El viernes pasado, en su columna Aranda dejó entrever los vacíos de la Procuraduría General de la República y el sometimiento al Departamento del Tesoro: “La novela apenas empieza y la (PGR) tiene muchas cosas que aclarar respecto de la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cual vincula al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez en actividades de lavado de dinero con el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández. ¿Por qué el gobierno estadunidense difundió su información en Washington, sin la presencia de ningún representante de la PGR?, ¿por qué la PGR emitió un comunicado en el que destacó la “coordinación” con las autoridades estadunidenses, cuatro horas después de que lo hicieran los estadunidenses?, ¿por qué la PGR se tardó en informar que Flores Hernández había sido detenido en Zapopan, Jalisco, el 21 de julio pasado, y que el sujeto está en proceso de extradición hacia Estados Unidos?”
En todos sus años como reportero, Jesús Aranda fue riguroso y fiel a sus principios personales y periodísticos.