De dónde son los participantes
la publicación de estas líneas habré intervenido en una mesa sobre el tema de la participación ciudadana organizado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, una de las pocas instancias preocupadas por hacer de temas que interesan a la comunidad debates permanentes.
Entre las estadísticas que describen a nuestro país (en los primeros lugares de mayor desigualdad, mayor concentración del ingreso, mayor violencia, mayor quebranto de los derechos humanos, mayor corrupción, mayor impunidad en América Latina) no he visto aparecer las del muy alto índice de cadáveres legislativos o leyes agónicas que terminan por morir como peces fuera del agua apenas son promulgadas.
Una de ellas, al menos en Nuevo León, es la Ley de Participación Ciudadana. Costó 12 años de luchas y empeños ciudadanos antes de ser aprobada. Y luego de su promulgación por el actual gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, resulta letra muerta teniendo todo para ser promesa efectiva de una nueva vida cívico-política.
En el cuerpo de esa ley, como en el del personaje femenino de la novela-film El libro de cabecera (The Pillow Book), Nagiko, están plasmadas figuras de singular interés. Un verdadero potencial jurídico para una vida pública regida por la voluntad soberana, la democracia y una representación política congruente con las necesidades y demandas de la mayoría: consulta popular, consulta ciudadana, iniciativa popular, audiencia pública, presupuesto participativo, revocación de mandato, contralorías ciudadanas. Suena tan genial como el diario de Nagiko escrito sobre su cuerpo. Pero, al cabo, igual de frustrante: su editor no la entiende y con sus amantes sólo obtiene placeres fugaces.
Consigna además esa ley consejos consultivos ciudadanos, asambleas ciudadanas, comités ciudadanos. Toda una orfebrería legislativa. Cierto, menos en sus contenidos que en sus enunciados.
Uno de los aspectos que impidieron por mucho tiempo el avance en la discusión de la Ley de Participación Ciudadana fue la revocación de mandato. Como candidato, el actual gobernador de Nuevo León prometió que se sometería a una ratificación (no existía entonces la figura de la revocación) de su mandato, a mitad del mismo, se aprobara o no una ley de participación ciudadana que pudiera contemplarla.
Habrá que ver, en unos meses más, a qué desea sujetarse el gobernador Rodríguez Calderón; pero las señales son claras: no será a una convocatoria como la que supone la revocación de mandato. En este tipo de casos, de hecho esporádicos, sería absurdo que el funcionario al que se pretende destituir incurriera en un acto de tal naturaleza.
Lo de la ratificación puede ser tan laxo e inventado como lo del “per- miso” que ha dicho le pedirá al pueblo de Nuevo León para participar con su candidatura por la Presidencia. Con bots hoy se puede, por conducto de las redes sociales, de las que se ha declarado adicto, lanzarse a conquistar un trono en una república. Sobrarán las respuestas de apoyo (desde luego, contra la primera “ley de la robótica” establecida por Isaac Asimov: “Ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá, con su inacción, que un ser humano resulte dañado”; pero como los ro-bots son programados por el hombre, la finalidad de esa ley es tan de ficción como la quiso su autor).
Consulta ciudadana, otra figura de la Ley de Participación Ciudadana. ¿No tenía que haber recurrido moralmente Rodríguez Calderón, según el tono empleado en su campaña, a una consulta ciudadana para tomar la decisión de algo aparentemente superficial como enviar la música clásica, que por más de dos décadas se difundió por conducto de FM con el nombre de Opus a la frecuencia de AM para desprestigiarla, pues se oye más ruido que música? Las protestas terminarán por desprestigiarlo a él si se empeña en mantener tal distorsión.
Ninguna de las demás figuras de la Ley de Participación Ciudadana ha operado en favor de sus beneficiarios previstos. Pregunta obligada: ¿es por culpa absoluta de las autoridades o es también por falta de iniciativa de los ciudadanos? En torno a Opus 102.1 –sigo con el ejemplo–, los pronunciamientos institucionales han brillado por su ausencia. Con un par de excepción: la del diputado panista José Luis Santos, que propuso un punto de acuerdo a la Diputación Permanente, y que ésta aprobó, con un doble exhorto: a Rodríguez Calderón y a Osvaldo Robles, director de Televisión Estatal y Radio Nuevo León para que sea restituida la música clásica a la banda 102.1 de FM y para que la radio oficial no sirva de promoción a la imagen del gobernador. Creciente, la protesta ha sido esencialmente ciudadana. Y esta índole despoja al gobierno de Rodríguez del membrete publicitario de “ciudadano”, con el cual lo ha pretendido adornar.
Si en Nuevo León la Ley de Participación Ciudadana aún respirara, los parques de La Pastora y Fundidora no se hallarían en peligro de ser asfaltados (en estas latitudes, parece que las mejores áreas verdes son aquellas que se cubren de cemento); no se construirían rascacielitos más allá de la altura permitida en San Pedro Garza García; no se estaría edificando un complejo habitacional en medio de una vialidad en San Nicolás de los Garza; no se planearía convertir el río Santa Catarina, que atraviesa por casi todo el estado, en una gran red carpet para autos. Etcétera.
Hay superávit de malos gobiernos y déficit de participación ciudadana. Y pues “aquí nos tocó”, dijo Gladys –con perdón de Alfonso Reyes y en recuerdo de Carlos Fuentes–, en la región más contaminada del aire.