Inician en la ALDF el procedimiento para remover al delegado de Tláhuac
Se citará a los titulares de Gobierno, PGJ y SSP para que informen
La Comisión Especial Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa (ALDF) inició el procedimiento de remoción del delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, por incurrir en “probables errores u omisiones” que “afectaron gravemente” el funcionamiento y el orden público de la ciudad, a raíz de la presencia en su demarcación y su presunto vínculo con el extinto líder de narcomenudistas Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos.
El presidente de la comisión, Armando Campa López Velarde, de Movimiento Ciudadano, aclaró que el inicio del procedimiento “no da por hecho la caída del delegado” y explicó que por los plazos que fija la ley que establece el procedimiento de remoción de los servidores públicos que designa la ALDF y de los titulares de los órganos político- administrativos, tiene 55 días hábiles para emitir el dictamen y someterlo –en la segunda semana de noviembre– a votación del pleno.
Anticipó que se citará a los titulares de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Contraloría General y las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública (SSP) y Finanzas, entre otros, para que aporten información.
El acuerdo se aprobó por unanimidad de los cinco integrantes de la comisión presentes en la sesión, una vez subsanada en la solicitud de remoción que presentó el pasado 3 de agosto el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, la falta de al menos un tercio de firmas de integrantes de la Legislatura, como establece el Estatuto de Gobierno, luego de que el pasado lunes se entregó la rúbrica de otros 22 diputados.
Campa informó que este mismo jueves notificaría a Salgado a efecto de conozca de la solicitud de procedimiento, se le haga el expediente y comparezca en un plazo de 15 días hábiles.
El diputado de Morena Felipe de la Cruz solicitó que el expediente se envíe a la PGJ para que peritos se pronuncien sobre el valor probatorio de las documentales. El perredista Mauricio Toledo pretendió impedir que el expediente se entregue a los diputados de Morena; sin embargo, a propuesta del panista Manuel Delgadillo, se hará público en un micrositio en la página de Inter- net de la Asamblea Legislativa.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) solicitó a la PGJ y a la SSP adoptar medidas precautorias para evitar violaciones a los derechos humanos de familiares de Salgado, luego de que éstos presentaron una queja por una “campaña de criminalización mediática” al vincularlos con Pérez Luna.
El procurador Edmundo Garrido dijo por su parte que se respetará el amparo que un juez concedió a Salgado contra filtraciones a la prensa sobre investigaciones en su contra o de su hermano Ricardo. De hecho, eludió confirmar si existe alguna indagatoria iniciada.
Informó que la visitadora ministerial Gabriela Salas García es la nueva fiscal en Tláhuac, donde concluyó la declaración de 140 funcionarios, algunos de los cuales serán nuevamente citados a declarar.