Ordena la Corte a firmas telefónicas dar a autoridades datos de llamadas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Ley Federal de Telecomunicaciones no violenta los derechos humanos al debido proceso y a la seguridad jurídica, al ordenar que las compañías telefónicas entreguen a las procuradurías los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las llamadas que se realicen desde equipos móviles.
La segunda sala consideró que la entrega de esos datos coadyuvará a las autoridades a la investigación de los delitos de extorsión, amenaza y secuestros, además de la atención a casos relacionados con delincuencia organizada.
Al resolver el amparo en revisión 345/2017, promovido por Teléfonos de México, determinó que, contrario a lo aducido por la empresa, la Ley Federal de Telecomunicaciones no resulta contraria a los derechos humanos al debido proceso y seguridad ju- rídica, “pues si bien el legislador no estableció las formalidades que deben observar las autoridades competentes al momento de notificar los requerimientos de la entrega de datos de tráfico, lo cierto es que la existencia de tales requisitos se encuentra contemplada en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria”.
Asimismo, estableció que las empresas tienen el deber de atender la solicitud de entrega de información de tráfico “dentro del plazo máximo de setenta y dos horas, contadas a partir de la notificación”, y que en caso de no hacerlo se harán acreedoras a una sanción, que va de 10 mil a 100 mil salarios mínimos.
Lamentó que mientras México se abre al escrutinio de las organizaciones defensoras de las garantías fundamentales y ha firmado y ratificado diversas convenciones internacionales, Estados Unidos no ha hecho lo propio ni reconoce la jurisdicción de organismos que podrían documentar los abusos cometidos por el gobierno o las empresas de ese país.
Asimismo, el titular de la CNDH consideró que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es fundamental no dejar de lado el respeto a los derechos humanos, ya que dicho ámbito no es menos importante ni se puede desvincular de los detalles propiamente comerciales de la discusión.
Por tal razón, insistió, al analizar en qué términos va a quedar el TLCAN, “las autoridades mexicanas deben tener un plan A, un plan B y un plan C, pero en cualquiera, la dignidad de la nación” debe estar por encima de otras consideraciones.