La fragmentación territorial

l eje de cualquiera acción pública –y no sólo gubernamental– en el momento actual está determinado por la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo se restablece la paz y la seguridad a la que todos los habitantes de este país tenemos derecho? Más que un tema de seguridad pública es un tema de seguridad humana en la amplia acepción que le ha dado Naciones Unidas.

Seguridad pública. Su deterioro no es sólo la consecuencia de un pésimo diagnóstico y una todavía peor política instrumentada por el presidente Calderón y continuada con algunos matices por el actual gobierno. Es el producto más evidente de una forma de transición de un régimen autoritario a un régimen especial que mantiene fuertes rasgos de autoritarismo, combinados con espacios desarticulados de relativa democracia.

Decadencia. Lo que ha ocurrido ha sido una consistente decadencia donde el centro político se desmadeja, una emancipación gradual y discontinua tanto de regiones como de franjas de la sociedad al tiempo que opera la colonización de ámbitos del aparato estatal y del territorio nacional por un sinnúmero de poderes fácticos. En el festín de la decadencia todos quieren su pedazo.

Las élites. La ausencia de capacidad conductora de las élites ha tenido una consecuencia perniciosa en la transición. La desarticulación orgánica, el fortalecimiento de poderes fácticos, la feudalización del federalismo, la desintegración del aparato estatal, el desprendimiento territorial de espacios en manos del crimen organizado o del desorganizado. Hay en esto una suicida irresponsabilidad de las élites políticas y económicas.

Coaliciones. Lo anterior, a su vez, es consecuencia del fracaso en la construcción de coaliciones y acuerdos políticos incluyentes que pudieran haberse traducido en capacidad de conducir las pulsiones y las demandas básicas de los ciudadanos. Su resultado es una sistemática decadencia en áreas completas de la economía y la sociedad con pequeñas franjas dinámicas a manera de enclaves.

Reconstrucción. Tanto desde el mirador de la crisis de seguridad pública como desde la crisis de la política económica –que arroja desempleo, marginalidad y desigualdad–, una conclusión aparece inescapable. La necesidad de reconstruir las instituciones pasa por recuperar para el Estado, es decir, para el gobierno y la sociedad civil, los territorios.

Territorios. Hablar de territorios es hablar de espacio público, es decir, los ámbitos de confluencia frecuentemente tensa y crítica entre los ciudadanos organizados o no, y los poderes instituidos y fácticos. La enorme desigualdad en el país, que se expresa en la fragmentación socio-económica, pero también en las políticas, en el espacio electoral y en los ámbitos culturales, configura una sociedad estamental donde el éxito de la gobernabilidad autoritaria se sustenta en una eficaz administración de los privilegios diferenciados por categoría social, cuyo propósito es impedir acciones colectivas articuladas. Así, esta variante de capitalismo salvaje funciona sobre la base de patrimonialismo –manejo discrecional y diferenciado de los recursos públicos–, el neocorporativismo –encuadramiento de las organizaciones a cambio de privilegios económicos y políticos distribuidos en las cúpulas y “chorreados” en pequeñas cantidades a las bases– y el clientelismo –pingües privilegios a cambio de adhesión política.

Otra vez las élites. Recuperar el territorio requiere un trabajo articulado de fuerzas sociales y gobiernos desde las regiones mismas. ¿Cómo hacerlo si en el actual contexto todo apunta a que las élites miran al futuro sin entender el pasado?

Ya Karl Polanyi –aunque él se refería a otro momento– hablaba de que “ninguna interpretación errónea del pasado ha sido más profética del futuro”. Por cierto que Polanyi –y su libro La gran transformación– están, como deben de estar, de moda nuevamente.