“Inventario de bienes se hizo con rigor”, responden las FARC a fiscal colombiano
El gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, anunció ayer nuevas sanciones para presionar al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, que incluyen el bloqueo del comercio de bonos de deuda de la administración venezolana y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó un comunicado de la Casa Blanca.
Las medidas contra Caracas son “la peor agresión” contra el pueblo, denunció en la Organización de Naciones Unidas (ONU) el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien preguntó si el objetivo estadunidense era crear una “crisis humanitaria”.
El consejero de seguridad nacional de Estados Unidos H.R. McMaster confirmó que “la opción militar” es una de las que la administración de Trump estudia para la crisis venezolana, pero la posibilidad no se contempla en un “futuro cercano”.
Por su parte, Maduro acusó a la oposición de “traición a la patria” y de ser quien promovió las sanciones estadunidenses, al ser éstas las primeras medidas adoptadas por Trump que atentan directamente contra las finanzas de Venezuela.
Se dificultará refinanciar la operación petrolera
Trump firmó un decreto que impone por primera vez sanciones en el rubro financiero contra el gobierno de Maduro, lo cual impide que estadunidenses operen con nuevos bonos de deuda del gobierno venezolano. Ello dificultará refinanciar la carga de la deuda de PDVSA y podría acercar a la petrolera a un posible cese de pagos o aumentar su dependencia financiera de sus aliados China y Rusia, que ya prestaron a Venezuela miles de millones de dólares.
La decisión también impide que la refinería venezolana en Estados Unidos, Citgo Petroleum, envíe sus dividendos a Caracas.
La orden, sin embargo, no prohíbe el comercio de crudo, lo que sumiría a Venezuela en una crisis económica más severa, en medio de una grave escasez de alimentos y una inflación al alza.
La Casa Blanca señaló que las nuevas sanciones “están calibradas cuidadosamente para retirar a la dictadura de Maduro” una fuente crucial de financiamiento para mantener su régimen ilegítimo, proteger al sistema financiero estadunidense de la complicidad con la corrupción de Venezuela y el empobrecimiento del pueblo venezolano y permitir la ayuda humanitaria”. El comunicado añade que se impondrán más sanciones si Maduro no cambia de rumbo y frena sus pla- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) insistieron este viernes en que el inventario de bienes entregado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y al gobierno colombiano para ayudar a indemnizar a las víctimas del conflicto armado fue hecho “con rigor”, y rechazaron las críticas de la Fiscalía General de ocultar sus pertenencias.
“El listado entregado se hizo con el máximo rigor posible”, indicó uno de los principales jefes de la organización ex guerrillera, Félix Muñoz, al referirse a las críticas expresadas por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. En dicha relación el grupo reconoce que su patrimonio consta de 324.4 millones de dólares y “miles de gramos de oro”.
El inventario de los bienes fue entregado por las FARC el 15 de agosto, cuando finalizó la fase de desarme y comenzó la etapa de desmovilización.
Pero Martínez señaló que el listado es “inútil e improcedente”, porque en su opinión no tiene datos completos, entre ellos las matrículas inmobiliarias de las propiedades que dicen tener las FARC.
Muñoz, conocido como Pastor Alape, respondió que su organización actuó de manera clandestina durante 53 años, por lo que no es posible que tuviese registradas sus propiedades de forma legal.
“No hemos sido una persona jurídica. Nuestro accionar se ha desarrollado fuera del orden existente. La dinámica de la guerra condujo a la pérdida de información, mucha de ella a manos del adversario”, aseveró Alape.
Asimismo, rechazó las críticas del fiscal y del alto consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, sobre elementos de bajo valor mencionados por las FARC en su listado, como artículos de aseo y utensilios de cocina.
“No procede, si se es riguroso, ridiculizar la presencia de determinado tipo de bienes y más aún magnificarla de manera malintencionada”, destacó Alape.