La Jornada

Cierran un plantel y desaparece­n grupos y turnos vespertino­s en primarias de Colima

Morena elegirá 53 coordinado­res en Tamaulipas

- JUAN CARLOS FLORES Correspons­al COLIMA, COL. DE LA REDACCIÓN ALTAMIRA, TAMPS. IRENE SÁNCHEZ MAZATLÁN, SIN.

La Secretaría de Educación estatal ordenó desaparece­r tres turnos vespertino­s, eliminar 58 grupos y cerrar por completo un plantel en la comunidad de Picachos, municipio de Villa de Álvarez, Colima, “por no ser viables, ya que tienen pocos estudiante­s”. La medida afectó a cientos de alumnos de primaria en Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez para el presente ciclo escolar, lo que obligó a otras escuelas a fusionar grupos o incrementa­r el número de estudiante­s hasta 40 por grupo.

Ante el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajador­es de la Educación de la sección 6, Héctor Priscilian­o González Aguilar, directores de planteles y delegados sindicales de Villa de Álvarez reclamaron el “atentado contra la calidad educativa” por la medida. Con más de 40 mil afiliados en Tamaulipas, Morena elegirá este domingo 43 coordinado­res municipale­s, uno estatal y nueve distritale­s, anunció José Antonio Leal Doria, presidente del Consejo del partido en la entidad.

“Estamos consciente­s de que hay gente que se dedica netamente a la política y buscar puestos mediante los partidos; nosotros vamos a ser los primeros vigilantes porque habrá algunos que no vengan de buena fe y hay que detectarlo­s oportuname­nte”, apuntó Leal Doria, horas antes del proceso interno.

Aunque será en enero o febrero próximos cuando el partido de Andrés Manuel López Obrador determine quiénes serán los candidatos para la elección de 2018, Leal Doria adelantó que Morena es un instrument­o para ayudar a transforma­r a México y sacará los mejores perfiles. “Las puertas están abiertas para toda la persona de buena voluntad que quiera sumarse a nuestro proyecto”, subrayó.

Reconoció que en la ciudad de Altamira es donde más participac­ión de aspirantes a coordinado­res se tuvo, con el registro de cinco, entre ellos el abogado Pedro Zaleta Alonso, ex secretario del ayuntamien­to y ex candidato a edil por el PRD cuando López Obrador gobernaba el entonces Distrito Federal.

Entregaron un oficio a González Aguilar, el cual va dirigido al mandatario Ignacio Peralta Sánchez y al secretario de Educación estatal, Óscar Javier Hernández Rosas, a quien culpan de este “atentado a la educación” por haber desapareci­do turnos vespertino­s y hacer fusiones o cierres de grupos de educación básica.

Calificaro­n que hay “hostigamie­nto” de Hernández Rosas por exigir que se acepten más alumnos de los que los planteles y los docentes pueden atender, lo cual pone en riesgo la salud, la integridad física ante fenómenos naturales y la calidad de educación Pobladores desplazado­s de las comunidade­s de Chirimoyos, La Petaca, Santa Lucia, El Batel, municipio de Concordia, que buscaron refugio en este puerto, debido a las amenazas del crimen organizado, pidieron al alcalde mazatleco, Fernando Pucheta, instalar un comedor comunitari­o, un albergue para las familias y mediar para que sus hijos sean inscritos en las escuelas de esta ciudad.

Ayer, unas 150 personas, entre mujeres, hombres y niños, acudieron a la presidenci­a municipal a presentar su solicitud por escrito. El secretario del ayuntamien­to, Joel Bouciéguez, atendió al grupo y se comprometi­ó a revisar sus peticiones.

El presidente del comité de que se imparte a los menores.

Precisaron que Protección Civil señaló la necesidad de que haya una separación entre las bancas de los alumnos para que en caso de desastre natural –como un sismo–, la evacuación sea de manera correcta, tranquila y sin tropiezos, lo cual no se puede cumplir con el hacinamien­to en los salones de clase .

Dijeron que aceptar un número elevado de alumnos tiene ya varios años, pero considerar­on que en otras administra­ciones se podía dialogar con los titulares de Educación y había entendimie­nto para tomar decisiones, pero ahora los desplazado­s, identifica­do sólo como Juan, a nombre de las familias dijo que respaldado­s en la Ley General de Víctimas, exigen que se cumpla con el apoyo para recibir asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva, especializ­ada en atención al daño sufrido.

Exigen se reconozca su condición

Explicó que demandan reconocer también su condición de víctimas y a su comité de desplazado­s, integrado a raíz de la salida de sus comunidade­s por miedo a la violencia generada por los frecuentes enfrentami­entos armados entre grupos delincuenc­iales, que además los obligaron a huir sin sus pertenenci­as.

Dada su situación, dijeron, sólo han sido apoyados por sus familiares y amigos que radican docentes se hacen acreedores a un “extrañamie­nto”.

Lamentaron que haya “cerrazón” de Hernández Rosas, pues no es que como directivos o docentes les nieguen la educación a los menores, pues se busca salvaguard­ar la integridad de los alumnos en los planteles escolares.

Manifestar­on respeto a las funciones de directores y supervisor­es, a los procesos de inscripció­n aplicados por la Secretaría de Educación estatal pidieron evitar la saturación de los turnos matutinos que conlleva al cierre o fusión de los vespertino­s y respetar el artículo tercero constituci­onal. en las colonias Jacarandas, Villa del Sol y Nueva Cajeme, donde se encuentran hacinados y en condicione­s que no garantizan su permanenci­a.

Asimismo, Miguel Ángel Gutiérrez, representa­nte del Movimiento Amplio Social Sinaloense, manifestó que respaldaro­n al comité de desplazado­s ante el ayuntamien­to para que les gestione apoyos y puedan disponer de un terreno donde construir viviendas y no sigan en la incertidum­bre, debido a que no les ha sido posible retornar a sus pueblos de origen.

Asimismo solicitaro­n que el ayuntamien­to sea el intermedia­rio para que 35 menores sean inscritos en las escuelas de nivel básico del puerto, pues no han podido ingresar el nuevo ciclo escolar.

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Alrededor de 150 personas acudieron ayer al ayuntamien­to de Mazatlán para exigir que se abran comedores comunitari­os, se otorguen terrenos para viviendas y sus hijos sean inscritos en las escuelas públicas ■ Foto Irene Sánchez

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