INSISTE EL GOBIERNO EN “VERDAD HISTÓRICA”
Con una mezcla de desprecio y falta de respeto, Tomás Zerón volvió a decir que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y sus cuerpos quemados en el basurero de Cocula. “En todas las búsquedas, que son más de 800, en todas, no hay un indicio que nos diga que fue diferente” (La Jornada, 1 de septiembre del 2017, pág. 11). Lo declaró en su carácter de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, en el marco de un importante evento dedicado precisamente al tema de la seguridad de las y los mexicanos. A casi 3 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, no se mueve la hoja del árbol.
La “verdad histórica” que elaboró Jesús Murillo Karam, y que sirvió para que los jueces de Guerrero instruyeran juicios a responsables de tercero o cuarto orden, se mantiene incólume. Con ello, se desautoriza la participación de los expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la labor de varios escritores que han publicado libros en los que demuestran la falsedad de esa tesis y, sobre todo, la lucha de las y los familiares de las víctimas.
Las preguntas esenciales siguen sin respuesta: ¿qué hicieron los policías de Huitzuco de los Figueroa luego de subir a sus patrullas a algunos de los jóvenes? ¿Cuál fue el papel que jugó la Policía Federal, que al igual que la anterior aparece en algunos videos? ¿Por qué los soldados permanecieron impávidos ante la comisión de graves crímenes por parte de los uniformados? ¿Por qué no se permitió que los integrantes del GIEI de la CIDH interrogaran a los militares? ¿Qué hacía Zerón en el Río San Juan con una bolsa negra como las que dicen que usaron los autores materiales de los crímenes? y ¿Quién dio las brutales órdenes?
Por más que Zerón nos diga que nada existe que descalifique la “verdad histórica” (que por cierto no es la que buscan las autoridades de procuración e impartición de justicia, sino la verdad jurídica), no convence. Los padres y madres de los desaparecidos tienen derecho a dudar y a exigir que se realicen verdaderas investigaciones para conocer, de inicio, la verdad. Mi punto de vista es que sólo una comisión ciudadana nos llevará a saber con precisión lo que ocurrió la fatídica noche del 26 de septiembre del 2014. los cuales los maestros que presentaron el examen de oposición en 2016 tendrían asegurado un mínimo de 2 años de valoración y evaluación diagnóstica, para la cual tomamos un curso de todo un año de tutoría en línea cuya página fue recientemente bloqueada sin explicación alguna. Nuestros lugares serán ocupados por maestros que presentaron su examen este año, pero bajo contratos temporales.
Los maestros nos sentimos defraudados, engañados, pues la SEP ofrece condiciones que no está dispuesta a cumplir, y lugares que no existen. Nos usan para hinchar sus estadísticas y después nos despojan de nuestros empleos. El colmo es que esto no sólo nos afecta a nosotros, sino también a los estudiantes, cuyo desarrollo se ve truncado ante el cambio constante de profesores durante el ciclo escolar.