Mineras trastocan la vida de los pueblos donde se asientan
Francisco López Bárcenas presenta hoy libro en Casa Lamm
Cuando llegan a los pueblos, las mineras provocan despojo de tierras a campesinos y pobladores. Trastocan todas las actividades, desde las culturales o las fiestas hasta las económicas, contaminan los suelos y ocasionan enfermedades. Todo esto lo “compensan” con pintar las iglesias o las escuelas, señala Francisco López Bárcenas, autor del libro La vida o el mineral.
Señala el caso del río Bacanuchi, en Sonora, donde en agosto de 2014 se derramaron miles de litros de residuos peligrosos. También se han presentado otros eventos en Capulálpam, Oaxaca, donde la empresa responsable está demandada. “Económicamente no les dejan nada sustantivo a los pueblos; hay mineras que realizan obras como forma de legitimarse y no tener problemas. No es lo que se requiere, sino un plan de desarrollo donde esa actividad deje ganancias a ambas partes”.
Concesionado, un tercio de país
En la actualidad, 30 por ciento del territorio del país está concesionado; hasta 2015 había alrededor de 31 mil concesiones que abarcan unas 60 millones de hectáreas, y de ellas hay unas 800 en explotación, sostiene en entrevista sobre este libro de editorial Akal, que se presenta hoy a las 19 horas en Casa Lamm.
Señala que se propuso escribir el libro hace unos cinco años, cuando empezaba el movimiento contra la minería. Entonces sólo se hablaba del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, explotado por Minera San Xavier, y de Cuzcatlán, en los Valles Centrales de Oaxaca. “Veía los movimientos a la defensiva y no entendía lo que pasaba porque no eran públicas las concesiones, el tipo de mineral; eso me parecía importante”.
Explica que desde la reforma al artículo 27 constitucional, en 1992, se comenzaron a dar las condiciones para que la minería se extendiera. Se modificaron leyes y se crearon otras; se convirtió en una actividad de utilidad pública, por eso “no paga impuestos estatales ni municipales y es una actividad preferente; esto es muy fuerte, porque frente a otras, como la alimentación, la minería prevalece. La ley federal de derechos establece que pagan entre cinco y 112 pesos” por este concepto.
En el libro, López Bárcenas hace un recuento de histórico del desarrollo de la minería del país. Señala que se formaron ciudades como Guanajuato, Chihuahua y Zacatecas que no se explicarían sin actividad minera. Apunta que con el porfiriato hubo un cambio sustancial que aún permea: “Porfirio Díaz declaró que la minería estaba ligada al suelo donde estaban los minerales; esto hizo un gran negocio, pues tener las tierras causa el despojo de las comunidades”.
Asevera: “no estoy contra la minería, en contra del modelo de explotación mineral; es muy depredador y se deja al país y a los pueblos sin recursos, se les cancela el futuro. Lo que se debe hacer es revisar el modelo y luchar por uno que sea racional en términos de lo que se necesita de minerales, la manera en que se extraen. Sacar los minerales en la cantidad que requiere el país”.
Agrega que es necesario revisar la situación de los trabajadores y los campesinos, y cómo se puede distribuir la riqueza en el país. “No es difícil, se pueden idear otro modelos si queremos”, asegura. rable era 36.7 por ciento, mientras que 27.6 por ciento estaba en pobreza, 56.5 por ciento tenía al menos una carencia social y la seguridad social es la mayor deficiencia, con 47 por ciento.
Sobre la carencia por acceso a la alimentación, se encontró 20.1 por ciento en esa situación, pero el rubro desagregado reporta que 40.3 por ciento de la población –49.9 millones de personas– tenía algún grado de inseguridad.
En grado leve está 20.6 por ciento –25.3 millones–, en grado moderado 11.9 por ciento –14.6 millones– y en severo, 8.1 por ciento, es decir, 10 millones.
En ingreso, en el país hay 62 millones sin recursos suficientes para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria al mes, es decir, uno de cada dos mexicanos. Se trata de 2.4 millones más de los que había hace seis años.