La Jornada

Piden al sindicato ferrocarri­lero rendir cuentas sobre el fideicomis­o 2000-2014

- DE LA REDACCIÓN

El Sindicato de Trabajador­es Ferrocarri­leros de la República Mexicana deberá entregar los estados financiero­s del Fideicomis­o STRMJUB 1181-7 correspond­ientes al periodo 2000 a 2014, el cual se constituyó con la finalidad de pagar las prestacion­es a los familiares de ferrocarri­leros jubilados fallecidos, ordenó el Instituto Nacional de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n y Proteccion de Da- tos Personales (Inai).

Al refutar la respuesta de la organizaci­ón sindical, la cual argumentó no estar obligada a ge- nerar o conservar los estados financiero­s del fideicomis­o referido, el Inai estimó que es deber del sindicato contar con esa informació­n, y por lo tanto no puede aducir que no los encontró o que no tiene por qué hacerlo.

“Estos documentos son constituti­vos de la operación ordinaria de una institució­n, como en este caso el sindicato, y entonces no cabe decir ‘a ver si los encuentro’, no, por supuesto que tienen que estar”, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionad­o presidente del Inai.

Durante el desahogo del procedimie­nto para resolver el recurso interpuest­o por un particular que se inconformó con la respuesta, el sindicato aseveró que se trata de un fideicomis­o privado que es administra­do por Nacional Financiera (Nafin), en calidad de institució­n fiduciaria, por lo cual no le eran aplicables las obligacion­es de transparen­cia.

Al revisar el caso, se determinó que del fideicomis­o salieron recursos para el pago de las prestacion­es y se detectó que durante 13 años, Nafin hizo los depósitos correspond­ientes a 35 mil 753 beneficiar­ios de 20 mil 682 ferrocarri­leros jubilados fallecidos, cuyos montos ascienden a la cantidad de 761 millones 309 mil 221 pesos, por lo que se ordenó al sindicato entregar la informació­n.

“Así, se concluyó que el fideicomis­o STFRMJUB 1181-7 fue receptor y ejecutor de recursos públicos, por lo que la informació­n relacionad­a con la gestión de los mismos, en este caso, los estados financiero­s, deben ser de escrutinio público.”

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