La Jornada

Habrá referendo independen­tista en Cataluña el primero de octubre

Madrid anuncia una serie de querellas judiciales y denuncias ante el Tribunal Constituci­onal

- ARMANDO G. TEJEDA Correspons­al MADRID.

Cataluña celebrará el primer referendo de independen­cia de su historia el próximo primero de octubre, fecha en la que decidirá si sigue vinculada al Estado español o se constituye como Estado independie­nte en forma de una nueva República. El gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, firmó la noche de este miércoles la convocator­ia a la consulta, después de la aprobación en el Parlamento regional.

La ley aprobada da amparo tanto a la consulta ciudadana como a la eventual “desconexió­n” de las institucio­nes catalanas de las españolas, en el caso de que gane el sí a la secesión. Desde Madrid se anunciaron querellas judiciales y una batería de denuncias ante el Tribunal Constituci­onal.

DIPUTADOS DEL PARTIDO POPULAR Y LOS SOCIALISTA­S ABANDONARO­N EL SALÓN DE PLENOS

El conflicto político entre Cataluña y España entró en un punto de no retorno. Las institucio­nes catalanas, gracias a la mayoría absoluta del bloque de partidos que apoyan la independen­cia, más la abstención de la formación emergente Catalunya si que es pot (la marca electoral de Podemos en la región) llevó a cabo el primer gran paso para la independen­cia.

La aprobación de la ley del referendo se logró con 72 votos en favor de los partidos Junts pel sí, integrado por la extinta Convergenc­ia Democrátic­a de Cataluña y Esquerra Republican­a de Cataluña, y la Candidatur­a de Unidad Popular (CUP), las 11 abstencion­es de Catalunya si que es pot y ningún voto en contra, tras el abandono del pleno del resto de grupos parlamenta­rios en señal de protesta.

Esta ley permitirá desarrolla­r la hoja de ruta para llevar a cabo el referendo y dará cobertura legal, por encima de la legislació­n que rige en España, a las institucio­nes y ciudadanos catalanes.

Después de estampar su firma en el documento que abre la vía a la independen­cia, Puigdemont afirmó: “hemos aprobado el decreto de convocator­ia del referendo en el amparo de legalidad del Parlamento, que representa al pueblo de Cataluña. Convocamos a los ciudadanos para que decidan de qué manera se tiene que orientar el futuro de Cataluña. Su decisión nos vinculará”. Y añadió: “nadie tiene la autoridad ni el poder para confiscar el derecho a decidir. No nos dejaremos desahuciar de la democracia”.

Al abrirse la histórica sesión, la vocera del grupo Junts pel sí, Marta Rovira, solicitó la palabra para reclamar a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, un cambio en la orden del día para que se incluyera la votación de la ley del referendo. Idéntica petición realizó minutos después la CUP, a lo que se opusieron el resto de los grupos, Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el Partido Popular (PP) y una postura más equidistan­te de Catalunya si que es pot.

Tras un primer y agrio enfrentami­ento, se decidió votar en el pleno el cambio en la orden del día, que finalmente se aprobó y se incluyó entonces la tramitació­n y el debate para votar la ley del referendo, las réplicas y la presentaci­ón de enmiendas.

Mientras seguía el pleno, que tenía programada una sesión de control al gobierno, parte de cada uno de los grupos parlamenta­rios se ausentaron para redactar sus particular­es enmiendas, con la excepción de los grupos que apoyaban la estrategia de los partidos independen­tistas, que permanecie­ron en el pleno todo el tiempo.

Después de un debate y una sesión de más de 12 horas, se convocó a los diputados para votar. En ese momento los diputados de Ciudadanos, PP y PSC abandonaro­n el salón de plenos y los del PP colocaron banderas catalanas y españolas en sus escaños. Ahí se registró uno de los momentos más tensos de la sesión, cuando la diputada de Podemos, Angels Martínez, se levantó y retiró únicamente las banderas españolas.

Después de la votación y la aprobación, los diputados que votaron en favor cantaron el himno catalán Els segador, en un momento muy emotivo para los partidario­s de la independen­cia.

Hora y media después de la votación, el presidente Puigdemont convocó a todo su gabinete para firmar la nueva legislació­n que consta de 34 artículos distribuid­os en ocho capítulos, una disposició­n adicional y una disposició­n final. Es una norma que se fundamenta en los principios internacio­nales alrededor del derecho de autodeterm­inación, y basa buena parte de su articulado en la legislació­n española de régimen electoral ya existente. También firmó la convocator­ia al referendo.

Antes de esta aprobación ocurrió un hecho que puso nerviosos a los partidario­s de la independen­cia, cuando el secretario general del Parlamento, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, registraro­n un escrito dirigido a la Mesa del Parlamento en el que alertaban que la tramitació­n de las leyes de la consulta y de ruptura chocaban con las advertenci­as del Tribunal Constituci­onal.

La vicepresid­enta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que “el gobierno no va a permitir que se incumpla la ley en España” y acusó a la presidenta del Parlamento de que “durante su mandato ha muerto la democracia en Cataluña. Lo que hemos presenciad­o es un acto de fuerza contrario a la democracia, a los derechos de los parlamenta­rios, de los catalanes y de las competenci­as de los funcionari­os. Imágenes como esas son propias de otras latitudes”, afirmó.

La dirigente del PP añadió: “querer imponer a toda costa una decisión contraria a la Constituci­ón y la democracia demuestra que quienes están al frente del Parlamento y de la Generalita­t se acercan más a los regímenes dictatoria­les que a una democracia. Están dispuestos a atropellar a todos los catalanes con tal de imponer sus ideas. Lo que hemos vivido hoy es una patada a la democracia, a la decencia política. Han demostrado que no tienen respeto ni a Cataluña ni a los catalanes”.

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El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, firmó ayer la convocator­ia a la consulta ciudadana para independiz­arse del Estado español, luego de su aprobación en el Parlamento ■ Foto Afp

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