Rarámuris y campesinos inician caminata de Creel a Chihuahua
■ Javier Corral ofreció mesa de diálogo con funcionarios federales y estatales ■ Los inconformes insisten en ser consultados sobre proyectos en sus comunidades ■ Dirigente señala móvil político
Unos 500 rarámuris y pequeños productores agrícolas integrantes de El Barzón, la Unión Campesina Democrática y Agrodinámica Nacional partieron ayer del poblado de Creel, municipio de Bocoyna, en la Sierra Madre Occidental, rumbo a la capital del estado, en la Marcha por la Dignidad Indígena, que busca resarcir 500 años de injusticias contra las comunidades de esa región.
Según las organizaciones que la impulsan, es una movilización pacífica para exigir al gobierno de Chihuahua la entrega de recursos de programas de asistencia social y de apoyo al campo, así como ‘‘terminar con las injusticias que viven los rarámuris y miembros de otras poblaciones’’.
Antes del inicio de la caminata, el secretario estatal de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, pidió a los inconformes dialogar, pero éstos no desistieron de la protesta. También acudieron María Teresa Guerrero, titular de la Coordinación Estatal de los Pueblos Indígenas, y Martín Solís, director de fomento agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural.
La caravana, integrada por indígenas y mestizos, partió alrededor de las 13 horas de la plaza principal de Creel, escoltada por una patrulla de tránsito hasta la salida de la localidad.
Los manifestantes caminaron los 16 kilómetros que separan el seccional de Creel de la cabecera municipal de Bocoyna, donde participaron en un diálogo con funcionarios estatales en el gimnasio municipal, pernoctaron allí y este martes reanudarán la marcha.
La movilización es encabezada por el líder barzonista Heraclio Rodríguez y por Pável Aguilar Raynal, dirigente de la Unión Campesina Democrática y presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, quienes esperan llegar a la capital del estado a más tardar en 10 días e instalar un plantón.
Recorrerán las localidades de San Juanito, Tacuba, San Pedro, Pedernales, Cuauhtémoc, Santa Isabel y Palomas.
‘‘Los grupos indígenas están marginados de sus propias riquezas, ya que empresarios y políticos se han apoderado de minas, bosques y sierras, y han construido grandes centros turísticos y cabañas de descanso para los ricos sin pagar a los dueños’’, expuso Heraclio Rodríguez.
Acusó al gobierno estatal, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, de intentar impedir la manifestación entregando despensas en los poblados indígenas y acelerando la instalación del consejo consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, cuyas reglas de operación fueron cambiadas para incluir a casi 70 representantes rarámuris en las decisiones relacionadas con proyectos turísticos y de desarrollo.
‘‘Estamos en contra de los que medran, se aprovechan y buscan a los indígenas para beneficio personal, porque mucho han vivido de estos pueblos y poco les han ayudado’’, declaró el sábado Corral Jurado en Creel, al instalar el consejo consultivo y garantizar la participación de los gobernadores indígenas en el análisis de cada proyecto del Fideicomiso Barrancas del Cobre.
Corral ha ofrecido a los productores agrícolas una reunión tripartita con funcionarios federales, estatales y representantes indígenas para buscar alternativas, y adujo que resolver la mayoría de las peticiones corresponde a la Federación.
Heraclio Rodríguez admitió que ‘‘hay cierto grado de disposición’’ de la administración de Corral Jurado para atender las demandas de asistencia social, mediante la entrega de despensas, envío de maestros a las escuelas, reparación de caminos rurales e incluso apoyar la producción de alimentos.
Sin embargo, subrayó que la parte medular de la inconformidad de las etnias es el despojo de tierras y la exclusión de los beneficios de las actividades turísticas, forestales y mineras, raíz de la miseria de los pueblos originarios.
‘‘El mandatario no quiere declarar una moratoria a la extracción minera, ya que las empresas aportan a un fondo 2 por ciento de las utilidades, que administra el gobierno estatal, entrega a los municipios y finalmente son los alcaldes quienes deciden en qué se invierten esos recursos, sin consultar a las etnias sobre sus necesidades’’, sostuvo.
Consideró que en la administración del Fondo Minero debe participar un consejo formado por indígenas, que incluya a gobernadores rarámuris, así como a jóvenes profesionistas de esta etnia para que protejan sus intereses.
El líder campesino hizo hincapié en que esta marcha no persigue fines políticos, sino que pretende resarcir a las comuniudades indígenas por ‘‘500 años de injusticias, abusos y abandono’’. Sin embargo, Tomás Ruiz Mendoza, del Consejo Supremo de la Tarahumara, criticó la movilización, pues dijo que su propósito no es apoyar a los pueblos rarámuris, sino una acción de ‘‘carácter político personal’’.