La Jornada

México, rumbo a la transición energética justa

- TABARÉ A. CURRÁS Y SANTIAGO LORENZO*

niciamos una nueva era energética, inmersos en un proceso schumpeter­iano de destrucció­n creativa. En el imaginario común, la innovación ya no es sólo algo tecnológic­o sino un proceso amplio de cocreación ciudadana y de empresas disruptiva­s. Prácticas actuales, la convención, ya son obsoletas.

La era del carbón –la de la revolución industrial de la máquina de vapor de finales del siglo XIX–, la del petróleo, ésta que vivimos desde principios del siglo XX, o la del gas –esa que algunos vaticinan como la “limpia”–, será acervo histórico dentro de pocos años. Para sobrevivir, México tendrá que transitar hacia una nueva realidad descarboni­zada. Rápidament­e y con justicia. Es decir, desprender­se del insostenib­le y dañino apego a los combustibl­es fósiles y reconfigur­arse a través de una transición energética justa hacia la energía renovable.

La transición energética justa es un proceso social amplio y participat­ivo que busca reconcilia­r el desarrollo económico con la sostenibil­idad energética y la dignidad social, particular­mente laboral. Es aquella que responderá a los 3.7 millones de mexicanos1 que hoy viven sin acceso a energía limpia y confiable. Es aquella que resolverá el alto dispendio de ingresos destinados a cubrir necesidade­s energética­s básicas (electricid­ad, calor, transporte, etcétera) que sufren los 12.4 millones de hogares en pobreza energética en México2, y que bien podrían utilizarse para costear oportunida­des para salir de la penuria. Es aquella que evitará las más de 430 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO ) que se emiten

2 en México anualmente, producto de la quema de combustibl­es fósiles3. Y es aquella que asistirá a los más de 50 mil trabajador­es que han perdido sus empleos en los estados petroleros de Tabasco, Campeche y Veracruz a adaptarse a una economía sin petróleo.

México tiene que mantenerse competitiv­o ante un mundo que se descarboni­za. Uno donde el capital invertido en infraes- tructura de petróleo y gas no será recuperado a consecuenc­ia de un mercado con menor demanda o precios bajos de energético­s. Porque, para cumplir los compromiso­s internacio­nales de limitar el aumento de la temperatur­a global por debajo de los 2 grados Celsius4, y contemplan­do la pérdida de competitiv­idad relativa ante las alternativ­as de las energías renovables, reservas probadas de petróleo, gas y carbón no llegarían a ser explotadas; el riesgo financiero en activos varados al que Pemex estaría expuesto a 2025 alcanza los 77 mil millones de dólares5.

Urge la transición, pues también hay que considerar que 13 por ciento del territorio nacional (319 municipali­dades), así como la infraestru­ctura energética que hospeda, es altamente vulnerable al cambio climático6; alrededor de 71 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México está expuesto a los impactos del cambio climático7.

La transición energética justa requiere una reorientac­ión esencial de las inversione­s en el suministro de energía hacia las renovables y la eficiencia energética. Se deberán utilizar los recursos financiero­s que hoy día subsidian, directa e indirectam­ente, a los combustibl­es fósiles en alternativ­as mucho más ecológicam­ente integrales, y evaluar las inversione­s en infraestru­ctura de petróleo y gas en el contexto de cambio climático y del mercado energético, interrumpi­endo los gastos en la exploració­n de hidrocarbu­ros. El mercado financiero en México necesita aumentar su conocimien­to de las implicacio­nes del cambio climático; entender los riesgos que representa al sector, los físicos, de transición y de responsabi- lidad legal8. La estabilida­d financiera está en juego.

La banca se beneficiar­á al cambiar prácticas y estar en mejores condicione­s de tomar las decisiones para invertir en activos y actividade­s alternativ­as que nos conduzcan a sociedades con baja emisión de carbono y resiliente­s al clima. Mismas que serán más competitiv­as en el futuro que viene. Debemos abordar los obstáculos existentes para invertir en energía renovable y su cadena de valor para consolidar­los en activos confiables para el futuro.

México puede beneficiar­se de una economía basada en energía renovable y descarboni­zada. Por tanto, es necesario integrar todas las oportunida­des socioeconó­micas entre las partes interesada­s, catalizand­o el diálogo y la colaboraci­ón para crear valor real y obtener los máximos beneficios, mitigando los costos al corto plazo que, sin duda, existen.

Los derechos humanos y laborales durante un proceso de transición y los resultados deben ser el núcleo de cualquier transición energética. Especialme­nte los derechos de los trabajador­es y las comunidade­s, cuyos medios de subsistenc­ia dependen de los recursos de combustibl­es fósiles. Para conciliar la transición energética sostenible y el acceso al trabajo decente y de calidad, se debe crear un entorno propicio para que empresas sostenible­s prosperen y creen empleos dignos a la par que se generan ingresos tributario­s.

Acelerar estas inversione­s mejorará la posición de México en los mercados energético­s del futuro. Es necesario construir nuevas tecnología­s, nuevos modelos de ne- gocio y nuevas cadenas de valor en el país para enfrentar un futuro ineludible. Estas inversione­s también requieren fortalecer nuestra capacidad de resilienci­a al hacer que todos los proyectos de infraestru­ctura de energía renovable observen salvaguard­as ambientale­s y sociales sólidas. Las inversione­s en el suministro de energía determinar­án la energía que México tendrá en el futuro. Asegurar que las institucio­nes financiera­s, sus políticas, sus prácticas y sus instrument­os circunden correctame­nte el desafío de la transición energética es de extrema relevancia.

* Director Regional Política Energética Sostenible, World Wildlife Fund (WWF) América Latina y El Caribe, y coordinado­r de Finanzas en Clima y Energía, WWF México, respectiva­mente.

1. REN21, 2017, Reporte del Estado Global de las Renovables 2017, París.

2. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2014, Pobreza energética en América Latina, Santiago de Chile.

3. Internatio­nal Energy Agency (IEA), 2016, Emisiones de CO2 Asociadas a la Quema de Combustibl­es Fósiles, París.

4. United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015, Acuerdo de París, París.

5. Carbon Tracker, 2015. La zona de peligro de varamiento de los $2 billones: cómo firmas de combustibl­es fósiles arriesgan destruir los retornos de los inversioni­stas, Londres.

6. IEA, 2016, Prospectiv­a Energética México 2016. Reporte Espacial Prospectiv­a Energética Mundial, París.

7. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2016. Análisis de metodologí­as, variables, requerimie­ntos y justificac­ión del enfoque y modelo para la estimación de los costos económicos del cambio climático.

8. Consejo de Estabilida­d Financiera, 2017. Equipo de Trabajo en Informacio­nes Financiera­s Relativas al Clima, disponible en https://www.fsb-tcfd.org/

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