La Jornada

México sigue violando los derechos de migrantes indocument­ados: CMW

- FERNANDO CAMACHO SERVÍN

En México siguen violándose de forma cotidiana los derechos de los migrantes indocument­ados, quienes suelen ser víctimas de acoso y agresiones por parte de servidores públicos, en medio de un clima de creciente xenofobia –alentado por algunos medios informativ­os– y de falta de castigo a los responsabl­es de los ataques.

Así lo advirtió el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajador­es Migratorio­s y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés), que examinó el tercer informe periódico de México sobre este tema, y lamentó la falta de avances en diversos aspectos relacionad­os con la vida y la seguridad de los migrantes en territorio nacional.

En sus observacio­nes finales, los expertos de la CMW saludaron la aprobación de diversas leyes de protección a los migrantes y el hecho de que México presente un informe sobre la situación de este sector vulnerable, pero también enunciaron diversos temas que son “motivo de preocupaci­ón”.

Uno de los principale­s es el que los defensores de los derechos de los migrantes indocument­ados sean objeto de amenazas y agresiones por parte de grupos criminales de tráfico de personas, “incluso en connivenci­a con autoridade­s”, así como de campañas de desprestig­io por parte de servidores públicos.

Otro punto es el “alto número de quejas de acoso, corrupción y abuso de autoridad por agentes del orden, que son cerradas por falta de pruebas”, así como los casos de extorsión en contra de familiares de personas detenidas en estaciones migratoria­s.

De igual forma, el organismo alertó sobre el “aumento de la xenofobia a nivel social e institucio­nal, y el rol de los medios de comunicaci­ón en crear y mantener estereotip­os en contra de los migrantes”.

Los especialis­tas también se dijeron preocupado­s por los procedimie­ntos de control y verificaci­ón migratoria que se realizan con base en el perfil étnico de las personas, y los obstáculos que enfrentan los migrantes con estancias por razones humanitari­as para recibir la Clave Única de Registro de Población, sin la cual no pueden acceder a sus derechos sociales.

En lo que se refiere a las mujeres migrantes, el CMW enfatizó que muchas de ellas no cuentan con las garantías legales para la protección de sus derechos laborales, en un marco e igualdad y no discrimina­ción, y por lo tanto muy pocas logran acceder a trabajos en condicione­s dignas, sobre todo en la agricultur­a.

Sobre ese mismo tema, el organismo resaltó que la legislació­n mexicana no contempla la reparación del daño a las y los trabajador­es que perdieron el trabajo como consecuenc­ia de hostigamie­nto y acoso sexual.

Por otro lado, lamentó los “altos índices de impunidad de los delitos denunciado­s, la falta de confianza en las autoridade­s y el escaso presupuest­o asignado para investigar adecuadame­nte esos delitos y asegurar la reparación apropiada”.

Un aspecto que despertó la “profunda preocupaci­ón” del comité es el elevado número de medidas privativas de la libertad de trabajador­es internacio­nales sin documentos en las 58 estaciones del Instituto Nacional de Migración, y en particular el hecho de que son descritas como una supuesta medida de protección.

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