Corte de Guatemala ordena proteger a manifestantes
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala dictó este sábado una resolución en la que pide al presidente Jimmy Morales instruir a las fuerzas de seguridad a fin de que garanticen y protejan el derecho de libre manifestación pacífica de los guatemaltecos. Opositores a Morales convocaron a un paro nacional para pedir la renuncia del mandatario –acusado de de actos de corrupción– y la “depuración del Congreso”, donde 107 diputados votaron en favor de mantener la inmunidad presidencial pese a las acusaciones.
La resolución se da en el contexto de las manifestaciones que comenzaron hace dos semanas contra Morales y que arreciaron esta semana por actuaciones del Legislativo en una relación de hechos que los guatemaltecos consideran un “pacto de impunidad”.
La CC “previene” a Morales y le pide instruir a los responsables de la seguridad pública para que permitan este derecho, además de “preservar el orden público”. El fallo fue dictado ante dos acciones legales, una de ellas a cargo de diputados opositores para evitar posibles limitaciones o represión a manifestantes.
En relación con el orden público, la CC también advierte que la autoridad debe prevenir y evitar “actos de provocación o violencia.
Si bien las acciones legales en este tema fueron presentadas a mediados de semana ante la CC, la resolución del organismo surge horas después que un grupo de manifestantes, algunos alcoholizados, no permitió la salida de los congresistas de la sede del Congreso Nacional, lo que provocó la acción de la Policía Nacional Civil (PNC), mediante su unidad antimotines.
El colectivo de organizacio- nes sociales Justicia Ya emitió este sábado un comunicado “condenando la presencia de infiltrados” en las manifestaciones pacíficas. El colectivo también convocó a un paro nacional para el miércoles.
Este movimiento expresó su “repudio” al “pacto de corruptos”y exigió la renuncia de los 104 diputados que el pasado lunes votaron en apoyo a Morales para que éste no fuera despojado de su inmunidad para responder ante la justicia común por el delito de financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015, cuando ganó la Presidencia.