En Jojutla el apoyo oficial no llega, sólo el de la gente, relata una mujer
Hay desorden en el retiro de escombros, indica
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) abrió una investigación por la presunta comisión de delitos electorales contra Graco Ramírez Abreu, gobernador de Morelos, por el condicionamiento de la entrega y distribución de ayuda para los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre.
El organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que de oficio inició la investigación en contra de Graco Ramírez y su esposa Elena Cepeda, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por haber presuntamente ordenado a los agentes policiacos que detuvieran varios camiones de carga que envió el DIF de Michoacán con despensas para los damnificados, pero se ordenó que policías locales los detuvieran y obligaran a descargar sus productos en las instalaciones del DIF de Morelos.
Ante esa situación, la Fepade podría acusar de la comisión de delitos de tipo electoral tanto al gobernador como a su esposa y también a otros funcionarios que intervinieron en estas acciones.
En ese contexto, la Fepade señaló que vigilará que no se condicione la ayuda a los damnificados por los desastres naturales y “atenderá con total imparcialidad las denuncias que se representen ante esta representación social y no permitirá que se aprovechen de la necesidad de las personas”.
Vigilancia constante
El fiscal Santiago Nieto Castillo informó que, ante la catástrofe provocada por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, estará vigilando que no se condicione la ayuda de programas sociales; de hacerlo, se estaría cometiendo un delito electoral, como señalan los artículos 7 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales:
En el primero se indica que se impondrán de 50 a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales en relación con la emisión de votos.
El segundo señala que se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que “condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas”. El obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, denunció que elementos del mando único retuvieron tres camiones con víveres dirigidos a la fundación Cáritas (Morelos), y los obligaron, como pasó con dos tráileres procedentes de Michoacán, a trasladarse a las bodegas del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a cargo de Elena Cepeda, Verónica Ramírez Ávila, de 56 años de edad, dijo que el 19 de septiembre padeció los peores segundos de su vida, y no entiende cómo no murió, pues ella padece del corazón. En su municipio, Jojutla, sigue el desastre. Las casas permanecen en ruinas, la gente duerme en las calles y la cifra de muertos aumenta día tras día.
Verónica previó que si otra réplica del sismo afecta a Jojutla, las muertes y afectaciones se incrementarían, pues existe un desorden total en el retiro de escombros; hay muchas casas cuarteadas y sin resguardado.
Sobre la ayuda de las autoridades, afirmó que los gobiernos están ausentes de donde ocurrieron los mayores daños, ya que en Jojutla sólo brigadas de jóvenes ayudan y sacan escombros.
“Dicen que el presidente (Enrique) Peña Nieto vino el miércoles a Jojutla a ver a los damnificados, pero hasta acá no llegó, aquí donde hay más daños y dolor, y más muertos. Hasta aquí las autoridades no han traído ayuda, han llegado organizaciones civiles de otros estados y hasta de otros países, pero no del municipio, ni del estado, ni federales”, aseguró.
Como ejemplo, sostuvo que varios sobrevivientes fueron rescatados por sus vecinos y familiares. Ellos mismos, con ayuda de brigadas integradas por jóvenes, sacan desde el día 7 lo que les quedó y apartan escombros.
En cuanto a los víveres, Ramírez Ávila dijo que los damnificados reciben alimentos de personas solidarias procedentes de otros municipios y estados, e incluso extranjeros, que han llegado hasta esta zona devastada a darles una torta, una despensa, un tamal, una botella de agua.
Cuando se le pregunta si hay solidaridad, a Verónica se le quebró la voz y explicó que mucha gente de la cabecera municipal de Jojutla, del interior del estado y de otras entidades ha ofrecido respaldo.
Lamentó que ninguna autoridad,