En Coahuila denuncian daños a la salud y al medio ambiente por basurero tóxico
“Autoridades federales, estatales y municipales están coludidas con la empresa”
A pesar de tener una suspensión y sentencia definitiva en contra, el basurero tóxico de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, SA de CV (Semnsa), propiedad del empresario Daniel Calvert Ramírez, sigue operando y generando daño ambiental y enfermedades entre la población del lugar.
Así lo afirman campesinos y vecinos de General Cepeda y ejidos afectados, que se han agrupado en el colectivo “Sí a la vida”. Denuncian la connivencia de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (dependiente de la Secretartía de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), el alcalde priísta Rodolfo Zamora Rodríguez y el gobernador Rubén Moreira con la empresa Semnsa.
A pesar de que la norma institucional señala que no se puede instalar un basurero de desechos tóxicos en lugares habitados, Semnsa ha construido en 34 hectáreas un espacio para el tratamiento de más de 40 mil toneladas anuales. Es el Confinamiento de Residuos Industriales Tóxicos y Peligrosos (Cimari), ubicado en terrenos aledaños al ejido Noria de la Sabina.
“El primer juicio lo ganamos. Hubo suspensión provisional, la cual fue desacatada; hubo suspensión definitiva, pero también fue desacatada; hubo sentencia favorable y pasó lo mismo.
“La Semarnat y la Profepa están coludidas con la empresa. Supuestamente cerraron el lugar, y luego la procuraduría dijo que no podía clausurar porque no había nadie. Repusieron el procedimiento y ahora nos encontramos en el segundo juicio de nulidad”, dice José Luis García Valverde, vocero del colectivo “Sí a la vida”, en entrevista con La Jornada.
Añade: “Este basurero es parte de una política de despojo que tiene que ver con el campo. Nos quieren quitar el agua, nos quitan la mano de obra para llevársela a la planta con un salario de mierda; hay una desarticulación de la vida comunitaria, el tejido social está ya deteriorado porque les están ofreciendo progreso, casas de Infonavit y la gente cae”.
Habitantes afectados ganaron juicio contra Semnsa, pero el fallo no ha sido acatado
Las enfermedades
Los campesinos afectados de General Cepeda, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, habitantes en alrededor de 500 hectáreas, están sufriendo las consecuencias del tratamiento de estos residuos tóxicos que han afectado el medio ambiente por las soluciones contaminadas con metales pesados: plomo, cromo hexavalente, níquel, plata, arsénico, cadmio, selenio, bario y mercurio.
La escoria proveniente de la fundición de los metales, de antimonio y los lodos y polvos de equipos de control de emisiones, entre otros contaminantes, han afectado la salud de los pobladores, afirma.
“Hay afectaciones por todos lados. Las mismas instituciones se están tirando la bolita. Hay un problema de alergias en la región, y cuando lo denunciamos ante Profepa nos dicen que eso es asunto de la Secretaría de Salud, y ellos nos dicen que debemos ir a la Procuraduría General de la República (PGR). No hay un responsable de lo que está sucediendo”, comenta en entrevista el campesino Juan Gamboa Maldonado, del ejido Jalpa.
Vive a 12 kilómetros de donde está instalado el basurero y asegura que se está violando la ley: “La norma dice que no se puede instalar un confinamiento de este tipo a 25 kilómetros de una comunidad que tenga más de 25 mil habitantes, pero no cuentan los 25 mil habitantes en ese radio en comunidades chicas”.
El basurero tóxico ha trastocado la vida de todos: “Cuando sabes que van a instalar un confinamiento de desechos tóxicos en tu casa, inmediatamente piensas que es algo que va a afectar la calidad de vida de todos. Si estabas pensando que el lonche esté a tiempo y llegar a una hora determinada al trabajo, ahora tienes que pensar cómo organizas la oposición a este basurero, en cómo nos vamos a manifestar, en cosas completamente ajenas a nuestra vida”.
A las enfermedades se añade los problemas del medio ambiente: “Los vientos, que en esta región son muy fuertes, el polvo, los mantos freáticos que están al principio de una cuenca hidrológica en la parte alta, asentados donde la lutita está fracturada sin estabilidad y el material del suelo es permeable”.
A pesar de la exigencia de que se llevara a cabo una investigación y manifestación del impacto ambiental, comenta que ésta fue hecha “a modo”, porque las autoridades sólo hicieron una remoción de vegetación para medir el daño forestal: “Profepa le dijo al dueño cómo hacerla. La procuraduría ambiental acepta que este basurero está diseñado para trabajar 25 años, y después de ese periodo, ¿quién se va a hacer cargo de los desechos tóxicos?”
Incluso comenta que a la empresa le faltan dos permisos: el cambio de uso de suelo forestal, que otorga Semarnat, y el de construcción, que concede la presidencia municipal.
Sin embargo, la empresa sigue operando: “El día que llegó a trabajar la maquinaria al predio fue resguardada por el Ejército. Es muy evidente en contra de quién estamos luchando”.
Historia de “mentiras”
Los habitantes de la zona afirman que el personal de la empresa Semnsa se presentó en el ejido Noria de la Sabina como Fundación Yuye Martínez, repartiendo dádivas y sin decir la verdad de sus intenciones. También financió las fiestas de San Francisco y entregó apoyos.
“Sociedad Ecológica del Norte, la empresa del basurero tóxico, llegó a escondidas. A los campesinos directamente afectados, porque son los vecinos inmediatos del confinamiento, les dijo también que iban a poner una granja avícola, que sería una maquiladora de ropa y que les iba a dar trabajo”, añade García Valverde.
Explica que con trampas, autoridades municipales, estatales y federales se pusieron de acuerdo para obtener la primera autorización en materia ambiental a espaldas de la comunidad y en favor de la empresa.
“El alcalde priísta Rodolfo Zamora Rodríguez declaró no saber nada, siendo que ya había firmado. Fue cómplice de un proceso semejante en 1998, cuando Rogelio Montemayor, entonces gobernador de Coahuila, permitió que su hermano Jesús María Montemayor, alias Chuma, se asociara con una empresa para que instalaran un basurero tóxico a 20 kilómetros del que pretenden abrir ahora”.
Ante la impunidad con la que iniciaron los trabajos, los pobladores interpusieron un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Federal y se presentó un juicio de nulidad.
“La autorización de ese confinamiento de desechos tóxicos es nula porque se hizo con engaños y promesas falsas, y lanzó amenazas de todo tipo. A un compañero le querían quitar a sus nietos porque supuestamente había un burdel en su casa; a mi me amenazaron porque supuestamente había fosas clandestinas en mi rancho. ¡De ese tamaño está la guerra!”
Eduardo Alonso Tello, de la comunidad El Dorado, carece de agua potable y se robaron su tinaco de plástico donde la almacenaba, dejando una nota amenazadora. Su esposa, Lorenza Reina Olvera, acudió al DIF municipal, pero el alcalde le dijo: “Dile a Lalo que se cuide, porque ya lo traemos y la cosa viene de mero arriba”.
El despojo
La zona dañada tiene una vocación forestal y agropecuaria y sus habitantes subsisten de los recursos naturales de la tierra. Los afectados reiteran que el proceso administrativo para las autorizaciones oficiales que requieren este tipo de instalaciones está absolutamente “viciado de origen”, porque la empresa no aceptó respetar los derechos humanos.
El alcalde de General Cepeda afirmó que si el basurero tóxico afectaba la salud y derechos de los campesinos de la región, su operación se pondría a consideración del cabildo.
Sin embargo, García Valverde señala que todos están de acuerdo para violentar la ley y permitir que opere el basurero tóxico: “La Semarnat declaró delante del cabildo que carecía de recursos para inspeccionar las obras. Los juristas que conocen de estos procedimientos nos dicen que las autoridades sólo han visto en papeles la manifestación del impacto ambiental. Lo que la empresa dice se palomea y se da por bueno, sin venir a campo. ¿Adónde gritamos, si las autoridades están de acuerdo con Semnsa?”
Afirma que en este momento hay un proceso de “despojo” y una política “depredadora” por parte de autoridades municipales, estatales y federales: “Están estimulando la venta de las parcelas o la plena propiedad, el alquiler de áreas comunes; nos dejan sin agua, sin tierra y sin mano de obra, y luego nos ponen basureros tóxicos y nos instalan parques eólicos pra los que rentan 5 mil hectáreas a 30 años en condiciones leoninas y su energía va para las empresas únicamente, no para los habitantes”.
Concluye: “Seguiremos luchando hasta conseguir la suspensión definitiva de este confinamiento de desechos tóxicos ilegal. No somos basurero de nadie”.