El IFT pedirá a Telmex cambiar plan de separación
El pleno de Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acordó solicitar al agente económico preponderante (AEP) en el sector de telecomunicaciones modificar su plan de separación funcional de Teléfonos de México (Telmex) que revisó el organismo regulador.
Como resultado de la revisión bienal de las obligaciones impuestas a América Móvil, Telcel y Telmex como integrantes del agente económico preponderante en telecomunicaciones, en febrero pasado el pleno del IFT resolvió suprimir, modificar y adicionar dichas medidas y ordenó, entre otras cosas, la separación funcional en la provisión de servicios de telecomunicaciones fijas.
Mediante la separación funcional de Telmex el agente preponderante deberá constituir una nueva empresa que proveerá exclusivamente servicios mayoristas relacionados con, al menos, la red de acceso, infraestructura pasiva y enlaces locales asociados a dicha red, así como una división mayorista dentro de Telmex y Telnor, que proporcionará el resto de los servicios mayoristas.
DEBERÁ CONSTITUIR UNA NUEVA EMPRESA QUE PROVEERÁ SERVICIOS MAYORISTAS
En cumplimiento, Telmex entregó al IFT su propuesta de plan para la constitución de la nueva persona moral y de la división mayorista.
Al evaluar la información y documentación presentada, el IFT consideró que dicha propuesta debe ser modificada a efecto de asegurar la eficacia de la separación funcional y el cumplimiento de los objetivos previstos en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
Dado lo anterior, el AEP tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar su propuesta modificada, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo de mérito, misma que será analizada por el IFT en un plazo igual, a fin de resolver sobre el plan definitivo para concretar la separación funcional.
Con la separación funcional se busca eliminar barreras identificadas en el sector de telecomunicaciones mediante la prestación efectiva de servicios mayoristas, con el fin de garantizar el acceso de todos los operadores, en condiciones no discriminatorias, a los insumos necesarios para el desarrollo de la sana competencia y la libre concurrencia.