Fernando Cano y Alberto Berlanga, “prestanombres de ex gobernadores”
Financiaron campañas de priístas, afirman funcionarios
A través de una red de corrupción en la que habrían participado empresarios y ex funcionarios públicos locales, Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, se benefició en 2007 de la adquisición irregular de mil 600 hectáreas en el puerto de Altamira, por las cuales se pagaron 14 millones de pesos, cuando su valor real era de 880 millones, estableció la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad, motivo por el cual el ex mandatario fue detenido en Ciudad Victoria y puesto a disposición de un juez local acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hernández Flores fue detenido a las 9 horas cuando se preparaba para participar en una rodada de motociclistas que acudirían a Zacatecas a una convención, y de inmediato agentes ministeriales lo llevaron al Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria.
La acusación en su contra se sustenta en una investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que reactivó una averiguación previa iniciada en 2004 y que se mantuvo inactiva desde entonces, pero en la que ya se denunciaba la venta ilegal de terrenos a la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo, SA de CV, propiedad de Fernando Cano, quien ha sido señalado como prestanombres de los ex gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, el primero actualmente se encuentra detenido en Italia para que enfrente acusaciones en México y Estados Unidos por actos de corrupción, lavado de dinero y vínculos con los cárteles del Golfo y Los Zetas.
El origen de las acusaciones
Los antecedentes del caso refieren que los terrenos fueron expropiados por el gobierno federal en 1981 para accesos y otras construcciones en el puerto de Altamira, y en 1994 la Federación, a través de un decreto, los transfirió en donación al gobierno del estado por medio de la Empresa Canal Intracostero Tamaulipeco, SA, constituida por el entonces gobernador Manuel Cavazos Lerma.
El Canal Intracostero era un proyecto del entonces gobernador Manuel Cavazos Lerma, con el cual se pretendía unir Tamaulipas y Texas por vía pluvial de 438 kilómetros. La obra consistía en construir un canal de doble circulación que uniría el río Bravo, desde Matamoros hasta el río Pánuco, en el municipio de Madero, y facilitaría el intercambio de mercancías con Texas, Estados Unidos.
En la investigación, realizada por el organismo que dirige Javier Castro Ormaechea, se menciona que en 2001 el entonces gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba impulsó que se constituyera el Fideicomiso Nuevo Santander, para fomentar el desarrollo industrial del estado, y bajo ese esquema varias propiedades del patrimonio estatal, como las del puerto de Altamira, se transfirieron a dicho fondo para su administración.
En 2002, Tomás Yarrington impulsó que el Congreso del estado entregara las mil 600 hectáreas al Los principales accionistas de las empresas Materiales y Construcción Villa de Aguayo, SA de CV, Fernando Cano, y de GMC, SA de CV, Alberto Berlanga Bolado, quienes enfrentan en Estados Unidos acusaciones de lavado de dinero y servir como prestanombres de los ex gobernadores de Tamaulipas Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, se convirtieron en enlaces y operadores para la adquisición irregular de mil 600 hectáreas destinadas a la construcción de un canal intracostero que uniría a Tamaulipas y Texas.
Ambos empresarios se convirtieron en los principales beneficiarios de contratos de obra pública en esa entidad durante las administraciones de Yarrington Ruvalcaba y Hernández Flores. Para la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Berlanga Bolado y Cano Martínez fideicomiso, y un mes después y luego de publicarse el decreto en el periódico oficial de Tamaulipas, dicho fondo vendió las hectáreas a Cano Martínez a un precio de 87 centavos el metro cuadrado, lo que hizo iun total de 14 millones de pesos, cuando el valor real en ese año era de 866 millones de pesos.
Cinco años después, en 2007, la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo, SA de sirvieron de testaferros de ambos ex gobernadores para la adquisición de propiedades e inmuebles tanto en ese país como en México.
Los empresarios son señalados en el expediente B-12-435 de la corte del distrito sur de Texas, en donde se inició una investigación en contra de Yarrington Ruvalcaba y Cano Martínez, este último también ha sido señalado también como prestanombres de Eugenio Hernández.
En el caso de Berlanga Bolado, un ingeniero civil de profesión, se desempeñó como titular en la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano durante la gestión de Hernández Flores, aunque CV, propiedad de Fernando Cano, realizó una operación de venta de los terrenos a GMC SA de CV, de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, a un valor de 16 millones de pesos, cuando el precio real en ese tiempo era de mil 54 millones de pesos.
Yarrington Ruvalcaba, al desincorporar las mil 600 hectáreas del fideicomiso y venderlas a su prestanombres, Fernando Cano Martínez, incurrió en el delito de peculado, refieren las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.
Funcionarios locales señalaron que Hernández Flores utilizó a los empresarios Alberto Berlanga Bolado (secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano durante su gubernatura), y fue socio con Fernando Cano Martínez en una de sus empresas constructoras.
Durante las administraciones de Yarrington Ruvalcaba (19992004) y de Hernández Flores (2005-2010) las empresas de Fernando Cano y de Alberto Berlanga se convirtieron en las favoritas para la realización de obras y obtuvieron contratos millonarios para realizar obras públicas.
El gobierno de Estados Unidos solicitó en 2016 una orden de aprehensión en contra de Cano figuraba como propietario de la empresa constructora GMC, de Altamira, a través de la cual habría realizado la operación de compra de las mil 600 hectáreas, por las cuales el ex gobernador enfrenta cargos de lavado de dinero.
Berlanga Bolado participaba con la empresa GMC como socio de Fernando Cano Martínez, propietario del consorcio Constructora Empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo.
En tanto, Cano Martínez egresó como licenciado en derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la década de los años 80 del siglo pasado, Martínez y Alberto Berlanga, para que sea enjuiciados en uno de los procesos que se siguen en contra de Tomás Yarrington.
Más tarde, Hernández Flores rindió su declaración preparatoria en el juzgado segundo de primera instancia de lo penal, que se localiza en el centro de ejecuciones y sanciones.
El ex gobernador negó los cargos que se presentaron en su contra, y sus abogados, Jorge Olvera y Blanca Nely Riestra, solicitaron ampliar el término constitucional a 72 o 142 horas para definir la situación jurídica de su cliente y analizar las causas de las acusaciones en su contra.
Los defensores Olvera y Riestra manifestaron a la prensa que el ex gobernador no contaba con un amparo para evitar ser detenido.
El caso contra Eugenio Hernández involucra a su antecesor Tomás Yarrington y sus prestanombres Fernando Cano y Alberto Berlanga Bolado.
Las acusaciones de la fiscalía anticorrupción de Tamaulipas abarcan a todos los participantes en la compra-venta ilegal de mil 600 hectáreas y el juzgado segundo en materia penal otorgó las órdenes judiciales contra Yarrington, quien está detenido en Italia. pero a lo largo de esa década se incorporó como proveedor y contratista de los gobiernos priístas.
Funcionarios estatales señalaron que se convirtió en uno de los principales financiadores de las campañas políticas de los candidatos del tricolor, y en socio de los ex gobernadores Yarrington Ruvalcaba –quien se encuentra detenido en Italia y sujeto a proceso de extradición para que enfrente cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada en Estados Unidos y México–, y de Hernández Flores, quien fue aprehendido ayer con base en una orden de aprehensión librada por un juez de Tamaulipas.