Obligaciones internacionales hacia migrantes
ecientemente compareció México ante el Comité de Trabajadores Migratorios de las Naciones Unidas, mecanismo de revisión sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Por su parte diversas organizaciones de la sociedad civil realizaron un trabajo de documentación y análisis, para evidenciar los retos, obstáculos, y violaciones que sufren en el país personas migrantes, solicitantes de protección internacional, refugiadas, desplazadas internas de manera forzada, y defensoras de derechos humanos en nuestro territorio. Durante la sesión en Ginebra, el Instituto Nacional de Migración tuvo un discurso de avance y respeto a los derechos humanos, pero se notó la ausencia de información y de instancias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y en algunos momentos se percibió un lenguaje poco incluyente, evasivo e inconcluso ante los cuestionamientos del comité. Ello no obstante, se reconocieron progresos a nivel de procedimientos, rendición de cuentas, transparencia y armonización legislativa.
Días después el comité emitió sus Observaciones Finales, en las que se reconocen los avances en materia de marcos normativos, políticas públicas y algunas medidas institucionales en favor de esta población, y se formularon recomendaciones, algunas retomadas de informes de la sociedad civil, o de sesiones anteriores. Lo que demuestra los limitados progresos que se ha tenido en la materia, desde que en 1990 el Estado mexicano ratificó la convención.
El comité retoma la necesidad de armonizar, con un enfoque de seguridad humana, diversos marcos normativos, como el dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Migratorios en el Senado, que armoniza la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). E insta a la ratificación de marcos normativos internacionales en temas como la apatridia (sic) y personas trabajadoras del hogar. Refiere igualmente sobre la importancia de incluir el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y el principio de no discriminación en la articulación e implementación de diversas políticas. Y hace referencia a realizar bases de datos, con información desagregada, del perfil y la situación de personas migrantes, en un país de origen, destino, tránsito y retorno; y sobre los servicios que se brindan en municipios y estados. Con mecanismos y acciones efectivas de evaluación e impacto en el goce de derechos de las personas migrantes, prevé la puesta en marcha de capacitación a autoridades y a la población contratada para realizar trabajos en el extranjero.
Otro tema del que se ocupa es el relacionado con la necesidad de investigaciones exhaustivas y ágiles en casos de delitos y violaciones a derechos humanos, en los que están involucrados