Huyen grandes empresas de Cataluña
A Banco Sabadell se suman CaixaBank y Gas Natural Fenosa, entre otras veinte
Hay temor a una declaración unilateral de independencia y a perder la protección de la UE
Las principales empresas afincadas en Cataluña decidieron en las pasadas 48 horas cambiar su sede social de la región y huir de la “incertidumbre” que provoca la declaración unilateral de independencia fijada por las formaciones separatistas para el próximo lunes.
Al Banco Sabadell, que acordó su traslado el jueves, se sumaron este viernes dos multinacionales de origen catalán: la entidad financiera CaixaBank, que se traslada a Valencia, y la energética Gas Natural, que comunicó su cambio de domicilio social a Madrid. Estos movimientos empresariales suponen un golpe contundente en la línea de flotación del movimiento separatista.
En días recientes el proceso de secesión iniciado por las formaciones separatistas en Cataluña está encontrando una serie de obstáculos que socavan las aspiraciones del movimiento. Algunas de las empresas más importantes y con más volumen de negocio y de tributación de la región han decidido cambiar su sede o domicilio social de Cataluña.
El objetivo de esta maniobra es garantizar que si se produce el próximo lunes una declaración unilateral de independencia, como prometieron las fuerzas soberanistas, los intereses financieros y monetarios de sus accionistas, ahorradores y trabajadores queden a salvo de la incertidumbre del proceso y sigan teniendo las garantías de depósito que tienen las entidades y corporaciones que están bajo el manto protector del Banco Central Europeo.
El primero en adoptar el cambio de su domicilio social fue el Banco Sabadell, que es la entidad bancaria más antigua y una de las más importantes del país, después vinieron otras empresas, que suman ya más de 20.
El consejo de administración de CaixaBank informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que decidió “por unanimidad, ante la actual situación política y social en Cataluña: adoptar las medidas que sean necesarias para trasladar el domicilio social a la calle Pintor Sorolla, 24, de Valencia”. Otros dos bancos menores, pero con importante presencia en Cataluña, también adoptaron una decisión similar: Mediolanum y Arquia.
En estos casos ha servido la aprobación por parte del gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, de un decreto ley que facilita a las empresas un cambio de esta envergadura, sin la necesidad de convocar antes un consejo de accionistas, tal y como se establecía, por ejemplo, en los estatutos de CaixaBank.
Otra de las grandes empresas catalanas que se muda es Gas Natural Fenosa, con una larga trayectoria en la región, proyectos y negocios en todo el planeta y donde uno de sus principales accionistas es el empresario mexicano Carlos Slim. La decisión adoptada por su consejo de administración también fue trasladar su sede social a Madrid, al menos de forma “temporal” y en virtud del “clima político” y la “inseguridad jurídica”.
A Gas Natural se suman la principal empresa de seguros de la región: Catalana Occidente, la empresa alemana de distribución y fabricación de material médico Klockner, la operadora de telecomunicaciones Eurona, la empresa de vinos Freixenet, la multinacional de infraestructuras Abertis, la constructora Cellnex, el conglomerado Colonial, la farmacéutica Grifols, el grupo textil Dogi, la química Ercros y la farmacéutica Almirall, entre otras.
A juicio del vicepresidente del gobierno y consejero de Economía catalán, Oriol Junqueras, se trata de una “decisión temporal”, que cambiará en los próximos meses cuando se estabilice la situación. Junqueras solicitó a CaixaBank que si decidían cambiar de sede –como ocurrió– “no trasladaran la sede a Madrid, sino aquí cerca, en los Països Catalans”, que incluye Valencia y las Islas Baleares.
Comparece por sedición jefe de los Mossos
En el terreno judicial, el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareció ante la Audiencia Nacional de España en calidad de imputado por el delito de “sedición”, por su actuación durante unos altercados en la calle el 23 de septiembre.
La Fiscalía no solicitó medidas cautelares ni contra Trapero ni contra los otros tres comparecientes: la intendente Teresa Laplana, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchéz y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pero mantiene abierta la causa por la que podrían ser condenados a una pena hasta de 15 años de cárcel.
Trapero explicó ante la justicia que él y los policías a su cargo se limitaron a cumplir las órdenes del juez. Los hechos se refieren a un operativo de detención de dos altos cargos de la Generalitat por la Guardia Civil en Barcelona, en concreto en la Consejería de Economía, que precipitó una masiva concentración en el inmueble y el ataque por algunos de los manifestantes a los vehículos policiales. Ni los agentes ni los asistentes judiciales pudieron salir durante 19 horas del inmueble ante el asedio de los ciudadanos indignados.
Además la Generalitat, del nacionalista Carles Puigdemont, dio a conocer los resultados oficiales del referendo de autodeterminación del pasado domingo: 2 millones 44 mil ciudadanos apoyaron la independencia, lo que supone algo menos de 40 por ciento del censo electoral. La participación apenas superó 43 por ciento.