Cataluña, las raíces de un conflicto: autonomía e independentismo
rnest Renan, en 1887, apostillaba, una nación es ante todo un sentimiento, por encima del territorio, la raza, la lengua y la religión. Su reflexión concluía: “El hombre no es esclavo ni de su raza, ni de su lengua, ni de su religión (...) Una gran agregación de hombres, sana de espíritu y cálida de corazón, crea una consciencia moral que se llama nación. Mientras esa consciencia moral demuestra tener fuerza por los sacrificios que exige la abdicación del individuo en beneficio de la comunidad, la nación será legítima, tendrá derecho a existir. Si sus fronteras suscitan dudas, consúltese a las poblaciones”.
Hoy el conflicto se recrea en Cataluña. En disputa, la idea de nación, un sentimiento. La Generalitat desea consultar a la población. El gobierno del Partido Popular lo ningunea desde su convocatoria. Envía policía, requisa urnas, papeletas y acusa de sedición a sus impulsores. Unos y otros se reprochan comportamientos antidemocráticos. Los adjetivos de nazis, fascistas y franquistas inundan el ambiente. El gobierno y sus aliados acusan a los catalanes pro referendo de fracturar, de secuestrar la voluntad del pueblo catalán, de fomentar el odio hacia España. El Partido Popular (PP) y Ciudadanos exigen cárcel e inhabilitación política para los “independentistas”. Llaman a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El rey Felipe VI se suma y acusa a los promotores del referendo de ser desleales. La respuesta no se hace esperar: “Así no”, le recrimina el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, señalando parcialidad y abandono del papel de mediador. ¿Cómo se llega a esta situación? Votar sin garantías no es democracia, impedirlo tampoco. Las decisiones del gobierno de España, judicializando y criminalizando la propuesta independentista agrega más leña al fuego.
El origen del conflicto se remonta a 2006, cuando el parlamento catalán aprueba la reforma del estatuto de autonomía. Salvo el PP, el resto de fuerzas políticas consensuaron un preámbulo: Cataluña es una nación. En junio de 2006 se ratifica en referendo. Vota 49.41 por ciento del censo. (2 millones 569 mil 268 electores), 73.9 por ciento da el sí y un 20.76 por ciento se decanta por el no. El PP interpone recurso de inconstitucionalidad. Bajo esta coyuntura, el 14 de diciembre de 2009 se convoca una primera consulta “soberanista” en torno a una propuesta independentista.
En junio de 2010 el Tribunal Constitucional, mermado en sus miembros y con mayoría conservadora, avala la impugnación del PP y sentencia: “La constitución no conoce otra que la Nación española (...) y según las normas la soberanía radica en la indisoluble unidad de la nación española proclamada en el art. 2 CE”. Fue un punto de inflexión, el proceso independentista cobra fuerza. La entrada de los populares, con Mariano Rajoy en 2012, aumenta las descalificaciones hacia Cataluña.
Mientras tanto, el gobierno de CiU en Cataluña ahonda los recortes sociales. Las protestas se generalizan. Para justificar las medidas culpa al centralismo de Madrid: “España nos roba”. La respuesta desde el gobierno central: “los catalanes viven a costa de España”. El tono descalificador crece. En 2014, la Generalitat, gobernada por CiU y las fuerzas independentistas (CUP), dan otra vuelta de tuerca, sin reconocernos como nación, ¡independencia! El 9 de diciembre se plantea la consulta: ¿Quiere que Cataluña sea un estado? y en caso afirmativo ¿quiere que este Estado sea independiente? Votan 2 millones 305 mil 290 personas, 33 por ciento del censo. un millón 861 mil 753 dieron su conformidad. El proceso estaba en marcha.
El PP, obcecado, nuevamente recurre al constitucional y la judicatura, criminalizando a los promotores. En el banquillo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la consejera de Educación, Irene Rigau y Ramón Espadales, consejero de interior, los cargos: desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. Mientras, se airean los escándalos de corrupción de la familia Puyol y el cobro de comisiones para financiar al CiU.
El gobierno de Rajoy recupera el discurso tardo franquista: ¡España se rompe! Así llegamos al primero de octubre, donde prevalece la actuación represiva de las fuerzas de seguridad del Estado. En esta coyuntura, Rajoy y su gobierno pide la rendición total, amenazando con más represión. La Generalitat responde con hacer efectiva una declaración unilateral de independencia. Sigue la guerra de banderas, declaraciones, insultos, descalificaciones: el rey les acusa de ser desleales con España, Ciudadanos se suma al carro y pide la suspensión de las competencias autonómicas. El PSOE se enroca entre declaraciones críticas y un apoyo a la legalidad pidiendo al constitucional que impida dicha declaración. El Constitucional asiente. Unidos Podemos se debate entre pedir una mediación, y el desconcierto, sin atinar respuesta al conflicto. Los más radicales apelan al clásico “cuanto peor mejor”. En este contexto, la Generalitat se trasforma en víctima. Con mayoría independentista en su parlamento, amenaza con declarar unilateralmente el advenimiento de la República Independiente de Cataluña, un acto sin validez institucional. La escalada de desatinos va en aumento.
Defiendo un referendo para Cataluña, considero que es una nación, pero no avalo ni esta consulta ni la declaración unilateral de independencia, tampoco las actitudes del PP, Ciudadanos y considero la intervención de Felipe VI maniquea. Pero tampoco entiendo una actitud de tirar hacia adelante sin medir las consecuencias, es irresponsable. Avala más locura: empresas y bancos trasladando su domicilio social, la CUP pidiendo que la Generalitat retire los fondos de CaixaBank o Banco Sabadell e instaurar la república popular. Mientras tanto la sociedad mira atónica e incrédula el devenir de los acontecimientos. María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, deja entrever una movilización de tropas, y el ministro de Interior amenaza enviar más policía y guardia civil. ¿Qué será lo siguiente, tanques en Cataluña?