En la Benito Juárez, residentes exigen poner alto a las inmobiliarias
Manifestantes corretearon a funcionario
Habitantes de Benito Juárez, procedentes de distintas colonias afectadas por el sismo del 19 de septiembre, se manifestaron frente a la sede delegacional para exigir que se investiguen las causas del colapso de varios edificios y se sancione a las inmobiliarias y los funcionarios que resulten responsables.
Apenas comenzaba el arribo de contingentes e iniciaba la participación de los oradores cuando apareció el titular de la Dirección General Jurídica y Gobierno de la demarcación, Armando Ramírez, lo que causó la irritación de varios asistentes, quienes lo abuchearon y corretearon hasta que se resguardó en las instalaciones de la delegación, sin que pasara a mayores.
Aunque se dijo que una organización vecinal afín al partido Morena emitió la invitación, la convocatoria –que se divulgó por redes sociales– desbordó la participación ciudadana y arribaron habitantes de las colonias Portales, Del Valle, General Anaya, Santa Cruz Atoyac y Narvarte, entre otras.
Signaron un pliego petitorio en el que demandaron justicia y reparación del daño, revisión de inmuebles afectados, apoyo a los damnificados, transparencia en la aplicación de recursos, así como verificación de las obras en proceso y alto a nuevos proyectos inmobiliarios.
Los afectados directos e indirectos expusieron sus casos particulares. Colonos de la Portales exigieron “justicia para Candy” (Candelaria Tovilla), quien – aseguraron– perdió la vida en Saratoga 714, porque se suspendieron los trabajos de rescate durante dos días.
Residentes de Narvarte pidieron la demolición del edificio de oficinas del Servicio Nacional del Empleo (SME), ubicado en Cuauhtémoc 614. Solicitaron lo mismo los dueños de los departamentos de la calle Quemada 81, pues el inmueble que habitaban tiene hundimiento y separación de muros.
Condóminos de Zapata 252 denunciaron que desde el día del sismo fueron evacuados y se encuentran en un campamento frente al conjunto habitacional, pero no ha realizado un dictamen estructural. “Somos 114 familias a las que no se les ha dado una solución”, apuntó Alma Gracia.
Maricarmen Juárez acudió a pedir asesoría, ya que en el inmueble donde vivía, en Concepción Béistegui y Yácatas, las autoridades pretendían colocar sellos que advertían que se inició una averiguación previa por homicidio culposo.
“En el edificio nadie murió y no permitimos que colocaran nada. Después llegó una notificación de que van a demolerlo, pero no sabemos qué debemos hacer”, expuso.
Por otra parte, comerciantes de la Zona Rosa exigieron, con carteles en el frente de sus locales, la demolición de inmuebles que están a punto de desplomarse, lo que ha provocado el cierre de calles y el de 100 negocios de distintos giros.
El caso más preocupante es el de Génova 33, que se mantiene sin acceso en el tramo de Hamburgo hasta Reforma. Jorge Pascual, representante de los comerciantes, detalló que ha sido tortuoso el trámite para solicitar la demolición de este inmueble de 10 niveles.
Francisco Morales, dueño un departamento en un edificio cercano, indicó que las autoridades les han informado que se va a demoler, pero no tienen certeza de cuándo y cómo se protegerá las propiedades aledañas.