Pide Inai al Cisen datos de
Deberá ofrecer información sobre contratos de adquisición
La Comisión Especial de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, de la Cámara de Diputados, se reunió con funcionarios de cuatro estados donde se han denunciado actos de violencia contra comunicadores.
Tito Cervantes, procurador de Justicia de Tlaxcala, sostuvo que el caso de José Roldán Ávila no se considera asesinato de un periodista, porque sus familiares declararon que había trabajado 10 años atrás en una televisora local. ‘‘Hemos continuado con la investigación, pero descartamos que su labor periodística tuviera que ver con su asesinato, ya que él no ejercía, pero efectivamente sí tenía algunas labores altruistas’’, repuso.
Por su parte, Alejandro de los Santos, de la Fiscalía General de Guerrero, se refirió al homicidio de Cecilio Pineda Brito. Indicó que al responder a los exhortos de la Cámara de Diputados, ‘‘nos dimos a la tarea de indagar el hecho, logrando la captura de El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dar a conocer los contratos y convenios relacionados con la adquisición de equipos utilizados para la realización de intervenciones telefónicas. Al resolver un recurso en el que se solicitaba el contrato relacionado con el programa Pegasus y sus actividades de ‘‘espionaje’’, revocó la respuesta del organismo que dijo no estaba en sus facultades realizar labores de espionaje.
Durante la sesión del pleno del Inai, la comisionada Areli Cano presentó el caso señalando que a partir de criterios previamente establecidos, si bien es cierto que el espionaje en México es considerado una actividad delictiva, estaba claro que la petición del solicitante –quien no está obligado a conocer los términos jurídicos en sus peticiones– era viable, pues en realidad lo que pretendía era conocer los contratos relacionados con la intervención de comunicaciones que realiza el Cisen.
‘‘El derecho a saber resulta un medio idóneo para tener conocimiento de la tecnología utilizada en labores de seguridad a partir de los contratos correspondientes, así como de las condiciones, los provedores y los costos de adquisición, rubros que podrían desprenderse de los documentos requeridos por el particular’’, acotó la comisionada.
Cano destacó que el Cisen desestimó la petición tan sólo porque se invocaba la palabra ‘‘espionaje’’, acotando la interpretación de la solicitud. Sin embargo, omitió que como parte de sus facultades, el Cisen tiene la posibilidad de realizar intervención de comunicaciones privadas a partir de ser aprobadas por la autoridad judicial.
Refirió que en otras resoluciones el Cisen ha proporcionado datos sobre intervenciones de comunicaciones y contratos para adquirir software.