Hoy marchan familiares de los 43; exigen justicia
37 meses del ataque a normalistas
Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marcharán este jueves del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez con el propósito de conmemorar los 37 meses de la agresión contra los estudiantes y denunciar lo que consideran falta de voluntad política del gobierno mexicano para resolver el caso.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los jóvenes agredidos, subrayó en entrevista que la movilización busca que la fecha no pase desapercibida, además de reiterar la exigencia de que las autoridades presenten con vida a los estudiantes y den resultados concretos de la investigación, “porque no podemos vivir en espera para siempre”.
El activista lamentó que el gobierno federal siga intentando “mantener la verdad lo más oculta que pueda. ¿Qué podemos hablar de avances si hasta hoy no sabemos el paradero de los jóvenes, si no hay ninguna pista de dónde están ni quiénes son los responsables? (de su desaparición)”, recalcó.
Asimismo, De la Cruz señaló que aunque las autoridades dicen que están cumpliendo con las exigencias de los padres y madres de los normalistas, en el sentido de agotar diversas líneas de investigación, “hasta hoy no hay ningún resultado positivo para nosotros y eso quiere decir que nuevamente el gobierno mexicano vuelve a mentirle a la sociedad y a los familiares”.
Por otra parte, indicó que a 37 meses de la desaparición de los estudiantes sí existe cierto nivel de desgaste en los familiares de las víctimas, porque “es algo verdaderamente tormentoso esperar día con día a los jóvenes, pero también puedo decir que siguen tan firmes como el primer día hasta saber qué pasó y que se castigue definitivamente a los responsables para que no vuelva a suceder”.
La marcha de hoy tendrá lugar dos días después de la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, en la que los padres de los jóvenes acusaron nuevamente al gobierno de México de obstaculizar las indagatorias y permitir que Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, siga reivindicando la “verdad histórica”, pese a que dicha teoría ya ha sido descartada científicamente. La estrategia de seguridad pública basada en un enfoque represivo, no sólo no ha servido para contener la violencia en el país sino que incluso ha contribuido al crecimiento de dicho fenómeno, por lo cual es urgente analizarla de forma crítica y diseñar un nuevo modelo donde se entienda que la seguridad y el respeto a los derechos humanos no se contraponen.
Ésta fue una de las principales conclusiones de los participantes en la Conferencia Internacional Seguridad, democracia y derechos humanos: la vía civil, quienes advirtieron que la falta de objetivos claros y de planeación han hecho que las violaciones a las garantías individuales hayan aumentado desde que las fuerzas armadas asumieron labores policiacas.
Jan Jarab, titular de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que muchos servidores públicos siguen pensando que la seguridad y el respeto a las garantías básicas son conceptos antagónicos, sin darse cuenta de que son compatibles y complementarios.
Ante esta situación, el funcionario señaló que las autoridades tienen dos alternativas: dar continuidad y aumentar el enfoque represivo de la seguridad pública, o revisar la estrategia de manera crítica para desarrollar un paradigma alternativo.
En ese sentido, Jarab convocó a realizar un análisis exhaustivo del papel que desempeñan las fuerzas armadas para determinar si pueden colaborar o no en materia de labores policiacas, y advirtió que iniciativas como la ley de seguridad interior implican el riesgo de dar por sentada la validez de participación de los militares en dichas tareas.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, admitió que en este momento es inviable retirar de golpe al Ejército y la Marina de los lugares donde han asumido el trabajo de las policías, pero también lo es el hecho de dejarlos cumplir esa labor por tiempo indefinido.
De igual forma, recordó que aunque “algunos partidos políticos y las propias fuerzas armadas han defencdido la necesidad de tener una ley de seguridad interior que formalice la participación del Ejército en tareas de seguridad, esto terminaría por fortalecer el papel preponderante” de los militares en dichas labores y retrasar la profesionalización de los cuerpos policiacos.
David Fernández, rector del campus Ciudad de México de la Universidad Iberoamericana, manifestó que el aumento de la violencia y la inseguridad también es resultado de ese enfoque represivo de la seguridad, por lo que llamó a definir una posible fecha para el regreso de los soldados a sus cuarteles.