Ifetel, nueva manzana de la discordia
Priístas, y 11 panistas avalan reformas ‘‘lesivas’’ al instituto
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, y el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, insistieron en que Santiago Nieto Castillo es probable responsable de delitos contra la administración pública, al revelar información protegida de investigaciones en curso por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Ramírez Marín consideró inviable el retorno de Santiago Nieto a la Fepade, pues ‘‘yo creo que la ha perdido definitivamente. En estos momentos la conclusión más sensata es que Santiago Nieto no puede seguir siendo el fiscal. Bastaría que una sola de las fuerzas políticas tuviera razones fundadas y comprobadas para desconfiar de él, como para que ya no siguiera siendo el fiscal; una sola de las fuerzas políticas que pudiera comprobarlo.
‘‘Hay muchos casos donde tuits de Santiago Nieto, frases suyas, declaraciones, pusieron en peligro la seriedad y la responsabilidad del trabajo que hace la fiscalía. Por el número de consignaciones que ha cumplimentado, vemos que además ha sido un trabajo pobrísimo, eso sí, rico en declaraciones, en especulaciones, pero ¿y los resultados?’’
Para su correligionario César Camacho, ‘‘la Fepade es una institución fundamental, es un pilar de la credibilidad de los comicios de 2018, por eso creemos que alguien que está, ya no bajo el signo de la sospecha y la duda, sino de la certeza de que las cosas no han estado bien hechas, creemos que no tiene condiciones para desempeñarse.
‘‘Nosotros creemos que la decisión está fundada y motivada; fundada no en el código de ética, en la ley, porque el código de ética recoge los preceptos de la ley; el código de ética no es obligatorio desde el punto de vista jurídico, pero la ley sí.
‘‘En consecuencia, aquí hay un evidente desacato, incumplimiento de los principios de presunción de inocencia y del debido proceso que flagrantemente violó Santiago Nieto, por eso se hizo acreedor a una sanción’’, sostuvo el legislador. Entre protestas de la oposición, que abandonó el salón de sesiones por lo que calificó de ‘‘violaciones al proceso legislativo’’, y con el voto de PRI, PVEM y 11 panistas, el Senado aprobó anoche reformas que disminuyen las facultades de vigilancia y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y deja en los concesionarios de los medios electrónicos la posibilidad de autorregularse en materia de derechos de audiencia.
Con estas reformas se retira la competencia al Ifetel para multar a los concesionarios en caso de un escenario de rebase de topes máximos de transmisión de publicidad establecidos en la ley. Además, se le quita la posibilidad de suspender de manera precautoria las transmisiones de estaciones de radio y televisión que violen derechos de audiencias.
Los coordinadores de PT-Morena y PRD, Manuel Bartlett y Luis Sánchez, respectivamente, protestaron por considerar que se trató de un ‘‘albazo’’ para reditar la ley Televisa, en medio de la violación del reglamento interior de la cámara, toda vez que el dictamen se aprobó horas antes en comisiones y se pasó al pleno con la dispensa de todos los trámites parlamentarios para forzar que ayer mismo se aprobara y pudiera pasar al Ejecutivo federal para su promulgación.
El coordinador del PAN, Fernando Herrera, salió con parte de sus legisladores, pero regresó cuando se dio cuenta de que PRI y PVEM tenían los votos para aprobar el dictamen junto con integrantes de la bancada blanquiazul.
Las senadoras Dolores Padierna (PT-Morena) y Angélica de la Peña (PRD) presentaron mociones para suspender la discusión del dictamen. Argumentaron que, además de lo desaseado del proceso legislativo, se debía esperar a la resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a dos controversias constitucionales, una de ellas presentada por el ex presidente del Senado, Pablo Escudero, y otra por el Ejecutivo sobre las facultades del Ifetel.
Ambas mociones fueron rechazadas y la indignación creció entre los opositores cuando el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el panista Raúl Gracia, expuso ante el pleno que votaría en contra, ya que el dictamen ‘‘está hecho sobre las rodillas’’, y denunció que él no citó a comisiones para la reunión de ayer, sino que lo hicieron los tres secretarios de ese organismo.
El presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero (PAN), se negó a precisar de quién se trataba, como pidió la senadora De la Peña, y fue el priísta Raúl Pozos Lanz quien detalló que lo hizo él junto con Gerardo Flores, del PVEM –integrante de la llamada telebancada–, y Marco Antonio Blázquez, de PT-Morena, que no se presentó ayer a la sesión.
Antes de abandonar el salón plenos, Bartlett Díaz consideró que era ‘‘una canallada más’’ y el independiente Alejandro Encinas resaltó que se ahonda la crisis que vive el Senado por la indefinición para tramitar la revocación del cese del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
El PRI aprovechó la ausencia de parte de la oposición para aprobar, casi sin discusión, la reforma. El coordinador priísta, Emilio Gamboa, logró sumar 11 votos de los calderonistas, llamados ‘‘rebeldes’’, entre ellos Ernesto Cordero, el vicepresidente del Senado, Octavio Pedroza; Roberto Gil, Salvador Vega y Javier Lozano.
También votaron junto con PRI y PVEM, los panistas Gabriela Cuevas, Héctor Larios y Jorge Luis Preciado, por lo que la reforma se aprobó con 72 votos en favor, 13 en contra y tres abstenciones.
El senador Zoé Robledo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, advirtió que regresar a la Secretaría de Gobernación facultades que se le habían dado al Ifetel en materia de audiencias, significa regresar la discrecionalidad al Ejecutivo federal y se vuelve al antiguo modelo de comunicación en el que no existían contrapesos.