Víctimas de la represión en Nochixtlán rechazan informe de CNDH sobre el caso
El documento busca exculpar al gobierno de las ejecuciones extrajudiciales, señalan No se buscó a los responsables del asesinato de 49 personas Por deficientes pesquisas en la masacre de Cadereyta, emite recomendación
Víctimas del operativo policiaco del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán desconocieron el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues consideran que este documento tiene como único fin eximir al gobierno federal de las ejecuciones extrajudiciales cometidas, motivo por el cual han tomado la decisión de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 8VG/2017, dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) y a los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas, por la falta de actuación diligente y efectiva en la investigación de la muerte de 49 personas encontradas en el municipio neoleonés de Cadereyta en mayo de 2012.
De acuerdo con la investigación del organismo público, los agentes del Ministerio Público tanto federales como locales no llevaron a cabo diligencias para establecer líneas de investigación sobre los probables responsables de los hechos, no buscaron testigos ni solicitaron las pruebas periciales que el caso ameritaba.
De igual manera, el personal de la CNDH advirtió que los peritos
Mediante un comunicado difundido a través del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, familiares de las víctimas mortales, así como los heridos, señalaron de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León “no resguardaron adecuadamente el lugar donde se hallaron a las 49 personas y practicaron de manera deficiente las necropsias” correspondientes.
Asimismo, la comisión documentó omisiones de los agentes del Ministerio Público para realizar diligencias que permitieran obtener información con el fin de verificar de manera oportuna la nacionalidad de dos personas de origen nicaragüense, lo que derivó en el retraso de su identificación. que la CNDH ha jugado el papel de defensor del gobierno de Enrique Peña Nieto y buscado responsabilizar únicamente a la administración estatal y a la sociedad civil.
Como parte de este mismo escenario, el organismo comprobó la “falta de celeridad en la integración de las averiguaciones previas, lo que ocasionó que los familiares no fueran reconocidos oportunamente como víctimas indirectas”.
Por todo lo anterior, la CNDH consideró que fueron vulnerados los derechos humanos al acceso a la justicia, a la seguridad ciudadana y al honor de las víctimas directas e indirectas, por lo cual le solicitó a la PGR inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a aquellos familiares de las personas
Ha revictimizado a los afectados, al indicar en el informe que la utilización de armas de fuego en dicho operativo fue correcto, pese a que los únicos fallecidos fueron civiles, además de que no hay fallecidas que no lo han hecho.
También recomendó a la procuraduría trabajar en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para “evaluar en un peritaje a cada familiar afectado y llevar a cabo la reparación integral del daño”.
En cuanto a los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas, se les pide realizar diagnósticos sobre las rutas de tránsito de migración del país, particularmente en zonas de alto riesgo, para que se intensifique la vigilancia y se eviten casos como el de la recomendación. pruebas de que éstos hayan estado armados, pese a esto, señalaron, “la recomendación 7VG/2017 argumentada como carpeta de investigación incrimina a las víctimas y favorece a los agresores”.
Indican que “la recomendación de la CNDH refiere argumentos para eximir de responsabilidad a funcionarios federales, estatales y municipales, como si se tratara de un legajo de investigación, en el que, incluso, juega el papel de defensor y abogado de los responsables de la masacre”.
Recriminaron que en el informe la CNDH, como si fuera un abogado defensor o perito, señala que tres de los seis fallecidos en Nochixtlán no son responsabilidad de la Policía Federal con su división Gendarmería, pues los elementos armados arribaron a las 10:40 horas; sin embargo, desde temprana hora del domingo 19 de junio ya habían federales en el lugar, cosa que no señalan, tratando de responsabilizar a agentes estatales de estos decesos.
Añadieron que la comisión señala que hubo fuego cruzado durante el enfrentamiento ocurrido ese día, no obstante, “todas las víctimas y caídos fueron civiles”.