El Estado contra la precandidatura de abajo y a la izquierda

a asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos se constituye con el objetivo de obtener y apoyar el registro de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, como candidata independiente a la Presidencia de la República del proceso electoral del próximo año. A pesar de obstáculos, sabotajes y desiguales condiciones, propios del racismo estructural que permea las instituciones del Estado mexicano, y sin contar con los vastos recursos económicos que tutelan la partidocracia y las candidaturas supuestamente independientes, y, en los hechos, al servicio de los grupos dominantes, durante estas semanas se ha estado recabando apoyo ciudadano en un extraordinario esfuerzo que se enfrenta a una tecnología excluyente y de difícil acceso para quienes no tienen los recursos económicos para adquirir costosos aparatos telefónicos. Esta tecnología, por cierto, se encubre en una falsa modernidad.

Esta asociación civil ha denunciado los ataques cibernéticos en Chiapas durante los magnos eventos organizados por el EZLN en varios de sus caracoles, para bloquear el acceso a Internet y red telefónica, que sólo pueden ser realizados por los órganos de inteligencia del Estado que cuentan con el know-how para ello; se revelaron igualmente las omisiones y comisiones del Instituto Nacional Electoral (INE), que, supuestamente neutral y eficiente, funciona, en los hechos, como filtro y barrera para entorpecer los registros de auxiliares, con comprobados retrasos en las capturas y obstinado en lograr que plazos fatales, aun con siete días más, actúen para favorecer a los aspirantes oficialistas, y, desde luego, impedir que Marichuy aparezca en las boletas electorales de 2018.

El 7 de noviembre pasado, la asociación civil denunció que el INE miente a la sociedad, viola sus propios reglamentos e incumple la ley: demostró que los dispositivos móviles no han funcionado apropiadamente, que el costo promedio de un teléfono es el equivalente a poco más de tres salarios mínimos, cuando 81.7 por ciento de la población empleada gana hasta tres salarios mínimos, y, ¡oh sorpresa!, que el órgano electoral no está protegiendo los datos personales de los y las ciudadanas que brindan su apoyo: los registros se quedan en los teléfonos, y para comprobarlo es suficiente con bajar un programa que rastrea todos los archivos de las aplicaciones, incluyendo la del INE.

De igual manera, la fiscalización de ingresos y egresos de las candidaturas independientes establece un desgastante y excluyente sistema de monitoreo estatal basado en la misma concepción mono-cultural, clasista y racista que exhibe la “modernidad” del INE y sus aplicaciones telefónicas de última generación. Se trata de un instrumento de control del sistema de representación dominante, del monopolio del poder de los partidos políticos que han trastocado leyes y reglamentos, para impedir la inscripción de una candidatura que cuestiona el orden de las cosas y propone una lucha anticapitalista.

No se toman en cuenta las especificidades organizativas comunitarias de los pueblos indígenas, ni la limitación evidente en recursos económicos de una precandidatura que no tiene el respaldo de gobiernos estatales, grupos económicos dominantes-delincuenciales y hasta ex presidentes; que invierten grandes cantidades de dinero para la compra de aparatos telefónicos, empleo de personal de tiempo completo para trabajar como auxiliares y costosos despachos contables que hacen el trabajo requerido para la fiscalización.

El llamado Sistema Integral de Fiscalización no está pensado para una campaña que se posiciona en contra