Miles de catalanes vuelven a las calles en repudio a la represión del gobierno español
El Tribunal Constitucional anula la declaración unilateral de independencia de la región
Miles de ciudadanos catalanes volvieron a salir a la calle este miércoles para alzar la voz contra la política “represiva” del gobierno español, que encabeza el derechista Mariano Rajoy, en una jornada en la que el Tribunal Constitucional anuló la declaración unilateral de independencia que se llevó a cabo el pasado 27 de octubre en el Parlamento catalán.
En el transcurso del día se reportó el cierre de calles y carreteras en varias ciudades y se invadieron las vías del tren de alta velocidad en Girona y Barcelona, lo que provocó que se suspendiera el servicio del AVE.
El primero de octubre Cataluña fue escenario de una primera huelga general convocada después de la represión policial durante el referendo. En esta ocasión el detonante fueron las detenciones de los 10 miembros del gobierno, encabezados por Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ellos, más los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, presos desde el 16 de octubre, son acusados de rebeldía, sedición, malversación y cohecho, y enfrentan penas hasta de 50 años.
En una situación parecida están el ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus consejeros, quienes están desde el 30 de octubre en Bruselas, para “internacionalizar” el conflicto y llevarlo al seno de la Unión Europea (UE), que ha cerrado filas en torno al gobierno de España.
El sindicato minoritario Intersindical-CSC, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural convocaron a la huelga general de este miércoles, que tuvo un seguimiento irregular, pero que provocó un enorme caos vial. Gran parte de los bloqueos fueron protagonizados por los “comités de resistencia de la república”, integrados por jóvenes independentistas.
La mayoría de los comercios, transportes públicos y la actividad económica funcionaron a medias. Según los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica), se reportaron 39 bloqueos carreteros en la provincia de Barcelona, 16 en Lleida, cinco en Girona y cuatro en Tarragona. Además, el Metro en Barcelona funcionó a 85 por ciento del nivel habitual.
Uno de los rubros donde hubo mayor acatamiento fue el de educación. Las escuelas públicas abrieron parcialmente y aunque trabajaron muchos profesores la afluencia de alumnos fue mucho más reducida después de las advertencias de las direcciones de algunos colegios de que “no se podrá garantizar el habitual funcionamiento del centro”.
En la estación de Sants de Barcelona, donde se encuentra la red del tren de alta velocidad, hubo tensión cuando los jóvenes invadieron las vías para impedir que siguiera funcionando el servicio. La policía intervino y se cerró la estación.
Además, se concentraron en las inmediaciones de la Catedral de Barcelona miles de personas para exigir “libertad a los presos políticos” e insistir en su anhelo de “independencia”.
El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, advirtió: “no toleraremos más que haya gente en la cárcel por defender Cataluña ni que se tenga que ir al exilio para estar al servicio de este pueblo”. Marcel Mauri, vicepresidente de Omnium, añadió: “seguimos siendo un pueblo de paz, pero determinado a no aceptar la represión”.
El Tribunal Constitucional de España anuló la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre. En su fallo acusa de desobedecer sus sentencias a la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a los miembros de la mesa legislativa Ana Simó y José María Espejo, que tenían la obligación legal de impedir cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir sus determinaciones.
Esta resolución se dio a conocer apenas 24 horas antes de que Forcadell y el resto de los diputados detenidos comparezcan ante el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición, malversación y cohecho, precisamente por las diferentes iniciativas que han impulsado desde el Parlamento en favor del proceso de secesión del Estado español.
En otro revés judicial para el movimiento independentista, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional confirmó la prisión para Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, conocidos como “los Jordis.
En Bruselas, el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, expresó su respaldo al gobierno español y aclaró que será la justicia belga y no su gobierno la que se pronuncie sobre la suerte de Puigdemont y los ex consejeros.