Débil estado de derecho en el país, dice la CNDH
Hay 10,907 quejas contra militares
México tiene un problema de impunidad muy fuerte y un estado de derecho débil. Se trata de un tema que no ha pasado inadvertido para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sobre el cual se han dado varios pronunciamientos, aseveró el titular de ese organismo, Luis Raúl González Pérez.
Entrevistado tras participar en un foro sobre trata de personas, el ombudsman nacional enfatizó que el tema de la impunidad en México es “un problema estructural, es decir, cuántas sentencias se emiten frente al volumen de los delitos que se cometen”.
Al hablar sobre el informe que hace unos días dio a conocer la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), en el cual se advirtió que las investigaciones penales en la justicia civil contra militares que han violado derechos humanos de los ciudadanos son poco efectivas, pues hay un bajo número de pesquisas contra soldados y muchas menos sentencias, el ombusman nacional indicó que se trata de casos de impunidad.
Cifras de la CNDH muestran que de 2006 (año en que se puso en marcha la estrategia contra el crimen organizado) al 31 de octubre de 2017 ha recibido 10 mil 907 quejas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 2 mil 802 contra efectivos de la Marina Armada de México.
En ese periodo, el organismo nacional ha emitido 125 recomendaciones por violaciones a garantías cometidas por soldados y 41 contra marinos.
Aunado a ello, en estos casi 11 años, la comisión ha iniciado 941 expedientes de queja contra la Comisión Nacional de Seguridad (antes Secretaría de Seguridad Pública federal) y 6 mil 322 contra la Policía Federal. Investigaciones de las que se han desprendido 101 y 60 recomendaciones, respectivamente.
González Pérez también fue interrogado en torno al informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en el que se destacó que el grupo delictivo Los Zetas habrían sobornado al ex gobernador y al actual mandatario de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira, respectivamente; al ex mandatario de Veracruz, Fidel Herrera, y a funcionarios de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para obtener contratos y así poder lavar dinero.
“Tenemos un expediente abierto que estamos próximos a determinar sobre el caso (de la masacre) de Allende, Coahuila. El informe (de la Universidad de Texas) no lo conozco a detalle, pero cualquier circunstancia donde haya una conducta irregular tiene que investigarse”.
El ombusman también se refirió a la empresa First National Security, en Quintana Roo, cuyas cajas de seguridad fueron incautadas por la Procuraduría General de la República en el contexto de las pesquisas contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo, y que ha generado las quejas de varios usuarios.
“La PGR envió una respuesta que hemos pedido que precise... Preguntamos si acepta nuestras medidas cautelares (en favor de los usuarios). No fue precisa. Por eso nuestro personal fue a Quintana Roo para atender a las personas. No estamos en contra de que la investigación, pero no estamos de acuerdo en que se afecten derechos de terceros.” que quienes fueron víctimas de ese delito en territorio mexicano eran procedentes de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Por su parte, el ombudsman nacional detalló que de acuerdo con el informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, las instancias de procuración de justicia en el país reportaron para el periodo de 2009 a 2015, mil 267 víctimas de este delito, de las cuales 42.2 por ciento son mexicanos, 7.18 extranjeras y del 50.59 por ciento restante (641 personas) no se tiene registro de nacionalidad.
Demandó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno acciones decididas y eficaces para que en estos casos no haya olvido, indiferencia ni impunidad, además de que reciban apoyo, acompañamiento y ayuda para superar la situación vivida.
Indicó que la falta de identificación oportuna de víctimas de trata y la detección de personas y poblaciones en riesgo vulnera o propicia la violación de los derechos humanos y ayuda a perpetuar condiciones estructurales que fomentan la falta de acceso a la justicia y promueven la impunidad. Por ello, llamó a quienes se desempeñan en el servicio público, en especial en la inspección migratoria, a constituirse como agentes de cambio.
Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra extraordinaria de trata de personas señaló que para combatir este flagelo deben atenderse problemas como la violencia familiar y en las relaciones de noviazgo, para lo cual es indispensable destinar recursos, generar políticas públicas y marcos jurídicos que protejan de manera eficaz a las víctimas.
Mark Manly, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, expresó que México enfrenta grandes retos en materia de migración, porque muchos ven a esta nación como posibilidad para establecerse, por lo que su protección debe ser parte fundamental de la agenda pública.