Abuso de poder e imposición en megaproyectos, acusa informe
Gobiernos e IP ignoran derechos de comunidades originarias
Presenta Serapaz el documento
El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, informó que este mismo año se abrirá una delegación de esta instancia en Tamaulipas a fin de ampliar su presencia institucional en el país. Agregó que ante las necesidades de quienes han visto vulnerados sus derechos, además de la apertura de nuevas sedes, se requiere de manera urgente el compromiso de los gobiernos estatales para que realicen acciones concretas en favor de las personas en condición de víctima.
Así lo dio a conocer ayer en un comunicado luego que el miércoles víctimas y familiares de éstas de diversas entidades, sobre todo de Tamaulipas, se manifestaran en la sede de la CEAV para demandar la renuncia del comisionado y acusarlo de que no se les han brindado los apoyos económicos fijados en la ley.
Rochín del Rincón anunció que la apertura de la delegación en ese estado fronterizo se dará antes de que termine 2017, esto como parte del cumplimiento de los compromisos asumidos en marzo del presente año ante el Senado y organizaciones sociales.
Agregó que si bien la CEAV atiende a víctimas del delito y violaciones de derechos humanos, éstos deben ser de índole federal y que para atender a las víctimas del fuero común se requiere que los gobiernos estatales y municipales garanticen atención, acompañamiento y ayuda eficaz y permanente, razón por la cual es urgente que los congresos locales asuman su responsabilidad y armonicen sus legislaciones con la Ley General de Víctimas, para asignar los recursos que necesitan y demandan las familias.
Respecto de las inquietudes de algunos colectivos tamaulipecos con expedientes del fuero local, dijo entender su molestia al no contar con recursos de sus gobiernos. Y aseguró que la CEAV “se encuentra trabajando en asistirles conforme a lo que establece la ley para otorgarles atención y medidas de apoyo que corresponden. Es así que desde el primer momento de la protesta personal de la institución se les acercó, teniendo como resultado 30 atenciones de trabajo social, 22 de asesoría jurídica y 15 canalizaciones hacia otras dependencias”. Los megaproyectos que se han emprendido en varias partes del país se caracterizan por el abuso de poder e imposición de los gobiernos y las empresas que los encabezan.
Así concluye el informe Mecanismos del despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia, elaborado por Isabel Madariaga Cuneo, ex coordinadora de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición de Oxfam y de Servicios y Asesoría para la Paz.
La especialista investigó por un periodo de dos meses a tres comunidades afectadas por estos proyectos, donde comprobó que las autoridades mexicanas avanzan sin considerar las afectaciones a las personas que viven en las comunidades originarias.
Se estudiaron los impactos de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan sobre la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México; la siembra de grandes extensiones de soya transgénica en los alrededores de las comunidades mayas de Los Chenes, en Campeche, y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el ejido de San Salvador Atenco y pueblos vecinos.
El reporte asienta que estos proyectos “fueron decididos por la autoridad sin consultar a las personas afectadas, es decir, fueron impuestos; continúan provocando graves impactos en el territorio y los recursos naturales de las comunidades, así como en su tejido comunitario; además que se han utilizado prácticas de hostigamiento y criminalización contra quienes decidieron defender su territorio”.
En cada uno de los casos analizados fue posible observar una serie de acciones similares en la actuación del Estado, contrarias al respeto y garantía de los derechos humanos. “Entre ellas la decisión de poner en marcha megaproyectos sin considerar a quienes podría afectar; la falta de reconocimiento del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas; la desprotección de sus territorios; la inexistencia legal y desprotección de las comunidades; la falta consulta libre, previa e informada y culturalmente adecuada; el incumplimiento de decisiones judiciales por las propias autoridades del Estado; la incongruencia de algunas decisiones judiciales; el uso abusivo del poder, y la imposición de un modelo de desarrollo”.
La especialista hace una serie de recomendaciones generales y específicas. Entre las primeras destaca la necesidad de realizar adecuaciones legislativas para garantizar derechos como la libre determinación y la autoidentificación indígena; asegurar que las decisiones judiciales y administrativas otorguen protección efectiva a los derechos colectivos de estos pueblos, garantizar su cumplimiento y sancionar a quienes las incumplan, y garantizar que las las empresas que pretendan desarrollar proyectos en sus territorios respeten el derecho de las comunidades originarias a la libre determinación y a definir sus propias prioridades de desarrollo”.
El informe se entregó a la relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien se encuentra de visita oficial en el país; al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y a otras autoridades nacionales e internacionales.
“Fueron decididos por la autoridad sin consultar a las comunidades afectadas”