Denuncian discriminación presupuestal a indígenas
ONG se reúnen con relatora de la ONU
El Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional (Mpcoimn), la Red Nacional Indígena y la Alianza de Municipios Indigenas por la Libre Determinación, informaron que hoy se reunirán con la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
En conferencia de prensa, Carlos de Jesús Alejandro, Manuel Vázquez Reyes y Eneida Lozano Quintero, integrantes de estas organizaciones, precisaron que entre otros temas expondrán a la relatora la “discriminación” presupuestal de la que son objeto en México los pueblos originarios.
Hablarán de todas las gestiones que han hecho para incidir en un aumento presupuestal y le destacarán que hay una “incongruencia entre el compromiso que asume el gobierno de México a nivel internacional”, con la política presupuestaria dirigida la sector, “porque no hay política pública que se pueda poner en marcha si no hay recursos suficientes”.
Detallaron que la propuesta gubernamental es de “75 mil millones de pesos” para el anexo 10, que se refiere a las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, y para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la propuesta asciende a 6 mil 88 millones de pesos, cuando esta instancia requiere de por lo menos 12 mil millones.
Explicaron que el 7 de noviembre pasado llegó al país la relatora, a la cual contactaron en la Cátedra Rodolfo Stavenhagen de El Colegio de Mexico y le propusieron la reunión, la cual se concretará hoy a las ocho de la mañana en el hotel Camino Real de Polanco.
También comentarán sobre otros casos. Las agrupaciones indicaron que tienen ocho casos sin resolver en los estados de México, Sonora, Chiapas, Hidalgo, Guerrero y la Ciudad de México.
Entre ellos están el del pueblo O’odham, relativo a la construcción del muro fronterizo con Estados Unidos, otro del pueblo yaqui sobre la defensa del territorio, agua y derecho de libre determinación. Unos más de organizaciones guerrerenses sobre la ratificación de la Ley 701 sobre derechos y cultura indígena.
También hablaron de la necesidad de establecer un “programa emergente de vivienda indígena”, pues derivado de los sismos, muchas casas fueron destruidas.
Para esto “se debería instaurar dentro de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, en su ejercicio 2018, una partida etiquetada” para ese fin.