Sancionan a 6 colaboradores de Malova
El auto de formal prisión por lavado de dinero y defraudación fiscal dictado contra el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías podría revocarse en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) no logre demostrar que su investigación está sustentada en una auditoría y de una querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los magistrados del décimo tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México estimaron que de no existir un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), se decretaría la libertad de Padrés Elías por pruebas insuficientes en su contra.
Este fallo respaldó el amparo para efectos que recibió del acusado en agosto pasado el juzgado decimocuarto de distrito en materia de amparo penal, para revisar si existían requisitos formales de las autoridades fiscales.
Después de la revisión y ratificación del amparo, el juzgado decimosegundo de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México, donde está detenido Padrés Elías, deberá reponer el procedimiento conforme a las indicaciones del tribunal colegiado.
El primero de noviembre, otro juez de amparo resolvió que la indagatoria por delincuencia organizada carecía de elementos probatorios y ordenó la reposición de procedimiento en una segunda acusación por el cargo de lavado de dinero, delito que no requiere de prisión oficiosa.
En este último proceso penal, radicado en un juzgado del estado de México, se aseguró que Seis funcionarios de la administración estatal que encabezó Mario López Valdez (2011-2016) recibieron sanciones administrativas por irregularidades en el ejercicio del gasto público, entre ellos Armando Villarreal Ibarra, entonces secretario de Administración y Finanzas, y José Luis Sevilla Suárez, ex titular de Obras Públicas.
Villarreal Ibarra y Sevilla Suárez fueron los primeros funcionarios de primer nivel de la administración de Malova sancionados por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del actual gobierno sinaloense, como resultado de auditorías al gasto público del sexenio anterior.
El primer ex servidor público fue inhabilitado para laborar en la administración pública durante siete años, por no enterar al Instituto de Pensiones estatal retenciones de trabajadores, ocasionando un adeudo por mil 175 millones de pesos.
Sevilla Suárez fue inhabilitado durante tres años, por suscribir dos convenios que rebasaron en 25 por ciento el costo autorizado para obras.