Exhibe el CJF una red de estafetas al servicio de narcos presos en El Altiplano
Separó de su cargo a 10 servidores públicos de juzgados penales en Toluca
Actuarios, secretarios de juzgados y hasta choferes de todos los juzgados en materia penal con sede en Toluca, estado de México, formaron una red de estafetas, es decir, mensajeros, que sirvieron a integrantes del crimen organizado presos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. Esto fue descubierto en las investigaciones de tipo administrativo que inició el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en seguimiento a las denuncias presentadas por el juez Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado meses después de haber revelado acciones irregulares de funcionarios adscritos a su juzgado.
En coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), el CJF indagó quiénes fueron los servidores públicos que fingieron ser actuarios y sirvieron de mensajeros con los internos del Cefereso del Altiplano.
Luego de este descubrimiento de la Judicatura, por órdenes de su presidente, el ministro Luis María Aguilar Morales, se pusieron en marcha investigaciones en los juzgados federales en entidades donde existen prisiones con reos de alta peligrosidad o vinculados a grupos criminales, para detectar otras redes de colusión.
Funcionarios federales revelaron que luego del cotejo de las listas de ingreso, el CJF descubrió que, además de actuarios, hubo un chofer –Alejandro Coyote Colín– y secretarios de acuerdos que se reunieron con internos cuyos casos no correspondían
Busca tramas de colusión en Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y la CDMX
a los juzgados donde están asignados, y por ello el jueves se les suspendió temporalmente mientras culmina la investigación administrativa.
Las indagatorias, señalaron, no apuntan a que los funcionarios judiciales hayan proporcionado información de sus procesos a los internos, sino que ayudaron con cuestiones personales u operacionales de sus grupos delictivos.
El jueves el CJF informó: “En una reciente investigación administrativa, emprendida por la