La corrupción va contra la naturaleza de la impartición de justicia: SCJN
La “corrupción es absolutamente inaceptable y si aspiramos a la consolidación de las instituciones que resultan fundamentales en un estado constitucional y democrático de derecho; debe combatirse con la mayor energía, sin tregua, sin demora y sin descanso”, señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal suspendiera a 10 servidores públicos para ser investigados por actos de soborno y deshonestidad.
El minsitro Aguilar Morales acudió a la inauguración de la 12 asamblea general de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia AC (AMIJ), en el Centro de Convenciones de Campeche, donde señaló que el binomio corrupción-impunidad es “un pesado lastre que enfrenta nuestra sociedad por sus enormes repercusiones sociales, económicas y políticas”.
El también presidente del CJF refirió que “no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país, nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución y esa labor no la vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica”.
“Tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad.”
A los jueces no les toca más que cumplir y acatar las obligaciones que les imponen la Constitución y la ley, por la protección de los derechos de todos: de la sociedad, de los inculpados, en especial de las víctimas, y en beneficio de México, expuso Aguilar Morales.
Durante la asamblea de la AMIJ, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo coordinó los trabajos y participó en el panel de análisis Las contribuciones de la Judicatura nacional en la estabilidad del estado democrático de derecho, así como los retos que enfrentan los jueces, de cara al proceso electoral 2018. comisión de disciplina en órganos jurisdiccionales con sede en Toluca, estado de México, separó temporalmente de su cargo a 10 servidores públicos que ejercían funciones de actuario”.
La red de colusión, explicaron las autoridades, se extendía a todos los juzgados en materia de procesos penales federales y ello permitió que obtuvieran escritos con los que supuestamente acreditaban ser actuarios y tener motivo para realizar notificaciones en ese Cefereso.
Una vez descubiertas estas acciones, personal del CJF revisó cada uno de los casos en que alguno de sus funcionarios acudió al centro penitenciario, cotejó las audiencias con las notificaciones reales y descubrió que 10 de un total de 13 personas —hasta ahora— formaban parte de este grupo de estafetas, como se les conoce en el argot penitenciario a quienes sirven de mensajeros entre grupos presos de distintas áreas, familiares, abogados e internos.
Los estafetas llevan mensajes que quieren que las autoridades no detecten, o bien que por la naturaleza de su contenido no sean revisados por los custodios, y de esa manera se han organizado incluso huelgas de hambre dentro del Cefereso número 1, en las que participan internos de distintos módulos, los cuales en apariencia no tienen contacto.
Esta investigación inició en abril de 2016, cuando el entonces juez quinto de distrito con sede en Toluca, Vicente Antonio Bermúdez Zacarias, denunció ante el CJF que había detectado serias irregularidades de algunos funcionarios.
Siete meses después, cuando el juez realizaba ejercicio fue asesinado a tiros.
Las investigaciones para detectar posibles redes similares a las detectadas en los jugados de Toluca, se extendieron a entidades como Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y la Ciudad de México.