UNAM y UAC compartirán la carrera de antropología
Convenio de las casas de estudios nacional y de Campeche
n el camino a Acteal, en el tramo colindante entre Chenalhó y Chalchihuitán, se escuchan disparos. La población está en los caminos. La tensión nunca se ha ido de esta región, en la que hace casi dos décadas los grupos paramilitares asesinaron a 45 indígenas tzotziles de la organización Las Abejas.
El conflicto es por tierras. Unos y otros se dicen dueños de las mojoneras. Las instancias gubernamentales brillan por su ausencia. “Les conviene que entre indígenas lo resuelvan como puedan, incluso a tiros. No les importa”, dicen los pobladores de una región que no termina de acostumbrarse a vivir entre tiros.
En medio de la tensión se asoma Acteal, la comunidad tzotzil que representa uno de los grados más altos de impunidad en México y el mundo. Dos décadas sin justicia son el contexto en que la población celebra a Manuelito, el embajador de Acteal, el que contaba chistes, el mejor en las adivinanzas y en los cuentos, el que durante años recibió a los internacionalistas que llegaban a la comunidad a escuchar el relato de la masacre de los 45 indígenas. Este viernes cumplió cinco años de haber fallecido por negligencia médica, sumando su muerte a la de las víctimas de un sistema que si no mata a balazos lo hace por falta de servicios de salud.
El homenaje a Manuel Vázquez Luna es parte de la campaña Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza, a 20 años de la masacre y a 25 de la fundación de Las Abejas, organización que nació contra la injusticia y sigue luchando sin tregua. Esta campaña, anuncia Antonio Gutiérrez, “es para alzar la voz, para denunciar lo que sigue pasando, para seguir buscando justicia”. Arrancaron en marzo y culminan en diciembre un proceso de memoria y de denuncia. Lo cierto es que hoy los asesinos intelectuales de una de las mayores tragedias de México siguen impunes, mientras los asesinos confesos está siendo liberados y “hasta premiados con tierras”.
Aquí, como en Ayotzinapa, “no llega la verdad”, dicen en la sencilla conmemoración dedicada a Manuelito. Hoy los sobrevivientes celebran la resistencia y la organización, rechazando las “mentiras del gobierno”. La matanza no fue por un conflicto comunitario ni religioso, sino parte de una estrategia planeada desde el Estado. Asegurar la no repetición sigue siendo el objetivo.
“Manuelito no fue muy visible, pero lo que sembró lo seguimos cosechando”, dice Lupita, su hermana, hoy concejala del concejo indígena de gobierno, mujer fuerte y valiente que perdió a nueve familiares en la masacre.
Hoy aquí se celebra la vida. Decenas de niños y niñas rompen una piñata y ríen, pues así era Manuelito, juguetón y bromista. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, y su homólogo de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), Gerardo Montero Pérez, firmaron un convenio por el que las instituciones impartirán de manera compartida la carrera de antropología, con áreas de profundización en arqueología y antropología social.
Ante el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, quien fungió como testigo de honor, también se renovó un convenio general para fomentar el intercambio de estudiantes de licenciatura y posgrado, desarrollar proyectos conjuntos de investigación y organizar conferencias, simposios y programas académicos.
En la sala Justo Sierra Méndez de la UAC, el rector Graue expuso que esta carrera compartida se empezará a ofrecer el próximo año. “La aspiración es que un joven que estudie antropología se lleve el título de las dos universidades”.
En la UNAM esta licenciatura se ofrece en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) con el respaldo de otras cuatro entidades académicas: los institutos de Investigaciones Antropológicas y de Investigaciones Filológicas y los centros Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales y de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur.
De acuerdo con el convenio, los alumnos interesados deberán ser estudiantes regulares, con promedio mínimo de 8 y haber cubierto 45 por ciento de los créditos en el plan de estudios de su universidad de origen, además de cumplir los requisitos que se fijen en el programa de licenciatura compartida. Las universidades enviarán listas de candidatos y la casa de estudios receptora decidirá la admisión.