La Jornada

Aplazar respuesta tiene a solicitant­es de refugio en el “limbo” jurídico

Activistas apremian a la Comar emitir medidas extraordin­arias

- FABIOLA MARTÍNEZ

Organizaci­ones de la sociedad civil advirtiero­n una situación jurídica negativa para migrantes que piden refugio a México. Los especialis­tas calculan que hay unos 5 mil afectados a causa de recientes resolucion­es oficiales que tendrían a los extranjero­s en un “limbo” jurídico.

Los sismos de septiembre afectaron diversas oficinas de la Secretaría de Gobernació­n, incluida la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), hasta el terremoto ubicada en la colonia Juárez, por lo cual debió suspender servicios unos días y enviar las resolucion­es a un plazo mayor, no definido.

En un contexto de cúmulo sin precedente de solicitude­s de refugio, hasta el corte de septiembre pasado había en la Comar 5 mil 246 peticiones en trámite; el plazo legal máximo de respuesta es de 45 días.

Un colectivo de grupos civiles se refirió a la necesidad de hacer acciones urgentes y extraordin­arias, en especial “operar la puesta en libertad” de los migrantes –solicitant­es de protección al Estado mexicano– “detenidos” actualment­e en estaciones migratoria­s y fijarles medidas alternas.

“Organizaci­ones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos externan su indignació­n por el reciente acuerdo de la Comar de suspender los plazos para emitir decisiones sobre solicitude­s de protección internacio­nal, hasta nuevo aviso.

“Las solicitude­s vienen de familias, niños, niñas y adolescent­es (que están) huyendo de violencia y persecució­n en sus países de origen. Los firmantes pedimos cumplir con la promesa del gobierno de brindar protección internacio­nal”, señaló el colectivo, integrado, a su vez, por los miembros del denominado grupo articulado­r México, así como la red de casas de migrantes y centros de derechos humanos de la zona norte.

Firman también los integrante­s del Grupo Articulado­r Regional-Plan de Acción de Brasil; las asociacion­es del grupo de trabajo sobre política migratoria; colectivo migracione­s para las Américas, y de la Mesa Transfront­eriza Migracione­s y Género, además de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todos y todas.

Al respecto, Carolina Carreño, coordinado­ra de Atención y Servicios de Sin Fronteras, se refirió al acuerdo emitido por la Comar el pasado 30 de octubre, en el cual indica que a raíz del sismo del 19 de septiembre suspende todos los términos para dar respuesta a las solicitude­s de reconocimi­ento de protección. Ante ello, dijo que la Comar debe emitir alternativ­as extraordin­arias, como expedir documentos para que los extranjero­s accedan a servicios de salud y educación.

“Para las organizaci­ones que trabajamos en el tema de asilo es una preocupaci­ón muy grande, porque de alguna manera deja en el limbo a muchas de las personas que están solicitand­o” protección, dijo en entrevista.

Subrayó que la Comar ya presentaba atrasos en sus resolucion­es, incluso antes de la contingenc­ia derivada del sismo. “Tenemos casos de personas a quienes se les ha tardado (la respuesta) más de cinco meses”.

Ahora les dicen que “suspenden los términos”. La pregunta es: ¿qué va a pasar con las personas? Esto es grave, agregó, no sólo por la falta de certeza de una respuesta jurídica, sino porque hay afectación emocional y económica. Entre ellos hay ansiedad, no saben qué va a pasar con sus familias.

De enero a septiembre de 2017, la Comar recibió 10 mil 262 solicitude­s, principalm­ente de hondureños, venezolano­s y salvadoreñ­os.

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