¿En dónde quedó la reforma laboral?
or lo visto, la reforma laboral se le hizo bolas al gobierno. Faltan tan sólo tres meses para agotar el plazo constitucional de un año que la Carta Magna fijó para legislar y establecer las normas complementarias y a la fecha, no hay información clara y veraz de las propuestas para atender este mandato. Es una pena que una reforma de esta magnitud, que modificó el sistema de justicia y estableció reglas democráticas para hacer efectivo el derecho de libre asociación y de negociación colectiva auténtica, pueda fracasar por falta de voluntad política, ausencia de visión, pero sobre todo, por la incapacidad para superar los intereses creados por un sistema laboral corporativo, corrupto y simulador, motivo de encono nacional y condena internacional.
Hace unos días nos visitó la jueza chilena Paola Díaz Urtubia; en una excelente conferencia detalló cómo en su país se aplicó la reforma laboral. Durante dos años el gobierno y el legislativo llevaron a cabo una reflexión y debate abierto con la academia, el foro de abogados, sindicatos, sector productivo y población interesada; se aprovechó además la experiencia internacional y el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así se llegó a la reforma que luego fue aplciada de manera gradual. La clave fue la participación de todos los sectores.
Sin perder de vista las diferencias entre nuestros países, los chilenos lograron diseñar un sistema que logra resolver los juicios laborales en un promedio de 70 días, haciendo distinción entre juicios ordinarios, los de pequeñas causas, los relacionados con la violación de derechos fundamentales y también los que se refieren a las prácticas antisindicales. Todo ello a partir de un método oral, transparente, con la presencia activa del juez y con el soporte técnico y digital necesario. Similares procesos han vivido: Ecuador en 2003, Colombia y Uruguay en 2007, Perú en 2010 y Nicaragua en 2013.
En nuestro país la reforma se “enconchó” y cayó en el bache de la opacidad y de las negociaciones entre los factores de poder; hasta ahora, parece que no se han logrado acuerdos suficientes, en parte, porque la realidad laboral tiene grandes exigencias, pero también porque resultaría políticamente muy caro para el gobierno cargar con el costo de propuestas contrarias al espíritu de la reforma constitucional. La pregunta que resulta es: ¿Por qué en nuestro país no es posible someter al debate público una reforma que puede convertirse en un parteaguas para superar el viejo modelo laboral que es inútil, no sólo para los trabajadores, sino también para las empresas que tienen visión de futuro y que entienden que las reglas laborales razonables pueden ser un instrumento para lograr productividad racional, justicia y paz social?
La reforma constitucional creó un organismo autónomo en materia de conciliación, registro sindical y depósito de los contratos colectivos a nivel nacional. Se optó por centralizar funciones, retirándoselas a los gobernadores de los estados, con el fin de diseñar una política unificada que permitiera cumplir con los estándares internacionales que están reflejados en los Convenios 87 y 98 de la OIT, incluyendo a su Comité de Libertad Sindical y de Expertos. En la obscuridad de las negociaciones cupulares, el gobierno ha cedido a las presiones y sacrifica el valor de esta institución, transitando hacia un organismo burocrático controlado por un consejo técnico integrado, ni más ni menos, que por las viejas centrales obreras, CTM, CROC y CROM y las patronales, Coparmex, Concanaco y Concamin. Al menos éste ha sido el compromiso que se conoce hasta ahora. La interrogante es: ¿Por qué tratándose de un organismo autónomo no puede el gobierno ser congruente con su naturaleza? Si fuera necesario, se podría integrar un consejo técnico formado por personas de reconocido prestigio, juristas o académicos, e integrantes de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; sin embargo, opta por su propio desprestigio al incluir a los organismos corporativos de siempre. Es profundizar el problema, no resolverlo.
Sin iniciativa de ley conocida, confiando en la aplanadora en el Congreso federal, las autoridades laborales ya anunciaron un cronograma de tareas para el próximo año sobre esta materia: el 14 de mayo de 2018 se nombrará a los representantes de trabajadores y patrones del nuevo órgano tripartita, el primero de junio inicia actividades y el 15 de junio se instalará el consejo técnico. Obviamente, el plan del gobierno es elegir a los representantes gremiales como lo hacen con el resto de los organismos tripartitos, esto es, sin consultar a los representados, por simple consigna.
Un tema central de la reforma está relacionado con recuperar la participación de los trabajadores en la negociación colectiva y por ello se debe garantizar el voto libre y secreto para que decidan con qué sindicato debe firmarse un contrato colectivo y obviamente, para decidir sobre los contratos colectivos firmados con anterioridad, a espaldas de los trabajadores. Si no se legitiman los contratos anteriores a la reforma habría que esperar otros 50 años para tener contratos colectivos decentes. Por lo visto el gobierno se resiste a incluir este tema en la reforma reglamentaria.
Estamos ante un gran riesgo de regresión, por ello crecen las voces que reclaman transparencia y participación en el proceso, entre ellas destaca el Observatorio Ciudadano sobre la Reforma Laboral al que se han integrado decenas de organizaciones y personas de todos los sectores; ellos han decidido no permanecer impasibles ante esta oportunidad de superar los graves problemas del mundo del trabajo, misma que parece estarse perdiendo en las redes de corrupción y antidemocracia que nos invaden.