Reprime violentamente la policía de Argentina una protesta de jubilados
Con balas de goma y gas lacrimógeno, fueron echados de oficinas gubernamentales
Ancianos y discapacitados fueron apaleados La movilización, por la grave situación económica
Jubilados, pensionados y representantes de organizaciones sociales de Argentina que reclamaban por su grave situación fueron desalojados este viernes con inusitada violencia por la policía de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, cuando ocupaban la sede de Desarrollo Social, dejando como saldo heridos y detenidos.
La policía utilizó para ese desalojo, en un lugar cerrado, balas de goma y gas lacrimógeno. Empleó también palos y aplicó extrema violencia contra personas discapacitada y ancianos.
Los trabajadores de Freddo, la empresa productora de helados más importante, tomaron la sede de la compañía en el barrio de Balvanera de esta capital, en solidaridad con compañeros despedidos y un aumento de 10 por ciento, que se ofrece cuando los sueldos –que de hecho son muy bajos– no alcanzan desde hace tiempo para pagar la canasta básica.
Freddo depende del fondo de inversión Pegasus, de Mario Quintana, subjefe de Gabinete del gobierno actual. “Acá ya se está aplicando la reforma laboral. La plata no nos alcanza. Ya no podemos pagar más el alquiler”, explicaron los delegados de los trabajadores.
También advierten sobre nuevos planes de despidos masivos y la extorsión que se ejerce contra los delegados gremiales, así como contra quienes asisten a las asambleas.
En tanto, los defensores del ex ministro de Planificación Social y actual diputado del Frente para la Victoria, Julio de Vido, quien fue ilegalmente detenido, sin pasar por indagatoria, por una acusación sin pruebas, dentro de lo que llaman aquí la “persecución político-judicial-mediática” contra las figuras del gobierno anterior, se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas para solicitar que se adopten todas las medidas necesarias para que el Estado argentino cumpla la ley.
En ese sentido, solicitan a los organismos que verifiquen al gobierno para que actúe dentro de las reglas del debido proceso y las investigaciones en cuyo marco se decidió sin fundamento alguno la detención de De Vido. Asimismo, afirman que “frente a la reiterada comprobación de que es la arbitrariedad jurisdiccional al servicio de la persecución política y no la legislación sustantiva y de procedimientos la base sobre las que se toman resoluciones judiciales, esta situación tiene una gravedad institucional que amerita acudir a los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.