Procesará a ex delegados el juzgado con sede en el Reclusorio Oriente
Y
El juzgado décimo de distrito en materia de procesos penales federales, con sede en el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México, enjuiciará por desacato a una sentencia de amparo a los ex delegados de Venustiano Carranza, los perredistas Israel Moreno Rivera y José Manuel Ballesteros López.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México informó que remitirá a la Asamblea Legislativa a más tardar el lunes una terna de quienes podrían sustituir a Israel Moreno en la jefatura delegacional de Venustiano Carranza.
“En términos legales el jefe de Gobierno tiene la responsabilidad de presentar la terna; puede ser que la enviemos hoy por la tarde o el lunes a primera hora a la Asamblea Legislativa, pero todavía no tenemos los nombres”, respondió el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa.
El jueves se formalizó la destitución de Moreno Rivera y al mismo tiempo la corte notificó al citado juzgado que debe iniciar un proceso en contra del ex delegado por desacato a una sentencia de amparo.
En el caso del asambleísta José Manuel Ballesteros López –jefe delegacional de octubre de 2012 a septiembre de 2015 de Venustiano Carranza– el fuero no le servirá para impedir su proceso penal ni una probable detención por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, gracias a la protección que prevé el artículo 61 de la Constitución y el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, ya que no se trata de un caso en que se le impida la manifestación de opiniones o que sea un asunto relacionado con el desempeño de su encargo, explicaron funcionarios federales.
Ambos ex delegados incurrieron en el incumplimiento de sentencia al no obedecer un laudo laboral que ordenaba el otorgamiento de dos nombramientos con la categoría de verificadores a igual número de empleados de esa demarcación, así como pagar las diferencias salariales entre el cargo que tenían registrado oficialmente y las actividades que desempeñaron desde noviembre de 2003 hasta marzo de 2005.
LOS FUNCIONARIOS INCURRIERON EN DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO