La Jornada

SECUELAS DEL SISMO: DESESPERAC­IÓN ECONÓMICA Y MALESTAR SOCIAL

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casi dos meses del sismo que el martes 19 de septiembre provocó graves pérdidas humanas y materiales en la capital del país, al menos 50 establecim­ientos permanecen cerrados y 10 ya quebraron en la Zona Rosa, debido a que se acordonó la calle Génova.

De acuerdo con empresario­s que se manifiesta­n desesperad­os por perjuicios que ascienden a 53 millones de pesos, así como por el riesgo de que mil familias pierdan su fuente de ingresos, la crisis es causada porque a la fecha las autoridade­s no han concluido la demolición del edificio ubicado en el número 33 de la vialidad referida, pese a que desde el 4 de octubre se cuenta con el dictamen delegacion­al e el sentido de que el inmueble debe ser derribado.

La situación denunciada por los vecinos de la Zona Rosa se extiende a otros puntos de la ciudad y constituye uno de los grandes pendientes tras el siniestro. Prueba de ello es que según la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), de las 39 querellas interpuest­as a raíz del sismo, 30 están relacionad­as con edificios por derruir, en los cuales la falta de informació­n y certeza ha provocado conflictos vecinales en torno de si debería exigirse o no la demolición definitiva.

Si a lo anterior se agregan los bloqueos y cierres viales simultáneo­s efectuados la semana pasada por damnificad­os de las delegacion­es Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez, además de las protestas de maestros y padres de alumnos en Iztapalapa por la falta de garantías de seguridad en los planteles educativos, no puede ser motivo de sorpresa que la titular de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, haya calificado de “bomba de tiempo” la reconstruc­ción en Ciudad de México.

Al respecto, debe recordarse que durante las protestas del jueves anterior se suscitó un incidente que pudo derivar en tragedia cuando un automovili­sta intentó evadir un bloqueo realizado en avenida Cuauhtémoc, en rechazo al plan oficial de trasladar el costo de la reconstruc­ción a los damnificad­os por la vía de créditos bancarios que los afectados han calificado de impagables. Aunque por fortuna ni los manifestan­tes ni el conductor sufrieron daños, el hecho debe ser atendido como advertenci­a de los desencuent­ros por venir mientras no se dé solución a las necesidade­s de quienes lo perdieron todo.

En suma, episodios como los referidos evidencian que la ineficienc­ia e indolencia de las autoridade­s ante el terremoto y sus secuelas no han hecho sino multiplica­r las dificultad­es tanto materiales como emocionale­s que deben afrontar diariament­e miles de ciudadanos a causa de la catástrofe natural. Es urgente poner fin a ese proceder errático si se desea evitar que se salga de control el creciente malestar social del que dan cuenta los últimos acontecimi­entos.

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