Crímenes en Coahuila, a la Corte Penal Internacional
Exigen ONG investigación a fondo
Cuando los representantes de los tres niveles de gobierno reconozcan que en varias zonas del país existe un grave problema de violencia feminicida, será posible contrarrestar estos delitos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Datos del organismo indican que esta problemática se ha incrementado en los pasados tres años en territorio nacional. Actualmente en América Latina se presentan 12 asesinatos de mujeres cada día, y de éstos, siete son en México.
En entrevista con La Jornada, hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes, particularmente a las estatales, a considerar como una herramienta las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), más que como un golpe político.
A la fecha existen 28 procedimientos de AVGM en 27 entidades del país (hay dos procesos en Veracruz). Esto es, en casi 85 por ciento de las entidades federativas se considera que existe “un contexto de violencia feminicida”.
De este total, en 12 entidades ya son alertas declaradas por violencia feminicida (estado de México, Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, uno de los dos en Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo); cinco están en plazo de cumplimiento de seis meses (Jalisco, Campeche, Zacatecas, el otro de Veracruz y Yucatán).
El diagnóstico de la CNDH sobre el seguimiento a las Alertas de Género, que se presentó hace un par de semanas, agrega que en cuatro entidades (Oaxaca, Durango, Coahuila y Ciudad de México) acaban de iniciar los procesos para emitir la declaratoria, y en siete se determinó no declarar la alerta (Baja California, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Puebla y Tabasco). En tanto, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo aún no cuentan con un proceso de AVGM.
“Los gobiernos locales deben ver que dicha alerta es una herramienta que no busca dañar, sino contribuir a la solución del problema. (Algunos lo consideran un golpe político) porque se malentiende. Pareciera que es un reproche hacia el pasado, pero es más bien una propuesta hacia el futuro”, enfatizó el ombudsman nacional.
La forma de erradicar estas agresiones, dijo, es mediante el impulso de políticas públicas, generar una cultura de igualdad en la sociedad y establecer acciones que permitan que los ambientes y condiciones en las entidades donde se presenta el problema sean seguros para las mujeres. En ese sentido, manifestó que la CNDH está en la total disposición para coadyuvar en la resolución.
Lamentó que pese a la situación que se vive en Puebla, donde hasta septiembre de este año se habían presentado 83 feminicidios, aún no haya una declaratoria de AVGM, por lo que exhortó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres –instancias federales que forman parte del mecanismo de revisión de los procesos de alerta– a analizar a detalle el caso en esa entidad.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 indican que en México casi siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia, la mayoría de tipo emocional y sexual. Son 10 las entidades que presentaron números por encima de la media nacional: en Ciudad de México, casi ocho de 10 mujeres (79.8 por ciento) declararon haber sufrido al menos una situación de violencia; en el estado de México lo reportó 75.3 por ciento; en Jalisco 74.1; en Aguascalientes, 73.3; en Querétaro, 71.2; en Chihuahua, 66.3; en Yucatán, 66.8; en Durango, 66.6; en Coahuila, 66.3, y en Baja California, 66.2 por ciento. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fay Juan de Larios, informaron a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que acudieron a la Corte Penal Internacional (CPI) para que en México “se investigue a Coahuila por crímenes de lesa humanidad”, que van desde asesinato, exterminio, esclavitud, tortura y desaparición forzada de personas, hasta persecución de un grupo o colectividad.
José Antonio Guevara, director de la Cmdpdh, y Michael Chamberlain, del Centro Fray Juan de Larios, resaltaron que en la CPI entregaron, en la primera quincena de julio pasado, dos informes, uno realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y una veintena de organizaciones civiles, y el otro el elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Univesridad de Texas, denominado Control sobre todo el estado de Coahuila.
Guevara aseveró que lo que se busca es que la CPI abra un expediente preliminar. “Significa que nuestra pretensión es convencer a la fiscal de la corte, que tendría elementos suficientes para proceder, porque en Coahuila funcionarios públicos y el crimen organizado cometieron crímenes”.
Una vez que la fiscal “esté convencida, se solicitará a la sala de cuestiones preliminares una autorización para que que se pueda realizar una investigación. Esto es tardado, lleva años”.
El director de la Cmdpdh abundó: “nuestra denuncia no trata hechos aislados, no es el caso de una desaparición forzada, una ejecución o una víctima de tortura, sino de una serie acumulada de violaciones de derechos contra la población civil y no hay un conflicto armado”.
Guevara precisó que en Coahuila se cuenta con información oficial, a 2016, de mil 791 denuncias de desapariciones forzadas, que involucran a mil 830 personas.
Chamberlain señaló que en la información presentada a la CPI se detalla “cómo operó el grupo criminal de Los Zetas en la administración de Humberto Moreira, luego en el gobierno interino y en el actual, de Rubén Moreira.
“Se narra cómo se cooptó a las policías municipales, cómo establecieron Los Zetas un clima de terror para extorsionar y para que la gente obedeciera. Y no podía faltar cómo se apoderó ese cártel del penal de Piedras Negras”, indicó.