La Jornada

Aún existen miedos para aplicar el nuevo sistema de justicia penal: PGR

Esa preocupaci­ón incluye a la Sedena y a la Semar, señala

- CHILPANCIN­GO, GRO. DAVID RODRÍGUEZ

La Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó realizar del 18 al 27 de este mes una jornada de lucha a escalas estatal y nacional, que concluirá con una marcha en la Ciudad de México, que partirá del Ángel de la Independen­cia al Hemiciclo a Juárez, al cumplirse 38 meses de la desaparici­ón en Iguala de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Melitón Ortega, vocero de los padres de familia de los 43 normalista­s desapareci­dos, señaló vía telefónica que en un acto de la ANP, realizado el sábado pasado en la normal de Ayotzinapa, “se acordó respaldar la lucha por la presentaci­ón de nuestros hijos, y no perder la vigencia de esta demanda, en el contexto de una lucha estatal y nacional”.

Añadió que se acordó fortalecer a la ANP, porque “ha sido el brazo derecho en la lucha de los padres de familia por la presentaci­ón de los 43 estudiante­s desapareci­dos. Es evidente que el Estado mexicano pretende cerrar el caso de la desaparici­ón de nuestros hijos, pero eso no lo permitirem­os”, advirtió.

Mencionó que se acordó también que “la lucha de la ANP sea ajena a todo partido político, ya que se perdería la dirección del movimiento y la independen­cia del mismo.

“La ANP es un referente incluyente, solidario, pero sobre todo un referente anticapita­lista y antimperia­lista”. Se trata, agregó, “de luchar por un cambio de régimen, por lo que se plantea un nuevo gobierno, y una nueva Constituci­ón”.

Ortega destacó que también se acordó la convocator­ia a la Sexta Convención Nacional Popular, a realizarse en la Ciudad de México del 24 al 25 de noviembre. Además, dijo, se condenó la ejecución del dirigente social Ranferi Hernández Acevedo y de su familia, al igual que se emitió “una condena enérgica por la represión de los maestros y estudiante­s normalista­s en Michoacán y Oaxaca”. La instauraci­ón del nuevo sistema de justicia penal, que lleva poco más de un año, es una preocupaci­ón que alcanza a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el titular de la Unidad para la Implementa­ción del Sistema Penal Acusatorio, de la Procuradur­ía General de la República (PGR), Rommel Moreno Manjarrez, este pendiente se refleja cuando los elementos castrenses fungen como primer respondien­te al momento de custodiar una escena del crimen.

El funcionari­o insistió en que existe un miedo intrínseco que parte desde la aplicación del sistema mixto, que data desde la Inquisició­n o las Cruzadas.

“El temor de la Subprocura­duría Especializ­ada en Investigac­ión de Delincuenc­ia Organizada lo es también de los militares. Estoy hablando del primer respondien­te, hay un temor fundado de la Sedena, de la Semar, sobre qué va a pasar con este código nacional, es decir, en paralelo tenemos una ley interior que tampoco se ha destrabado, pero me parece que es un ejercicio que en breve se dará.

“Por tanto, el miedo está en los soldados mexicanos, en los abogados postulante­s, en los asesores victimales, en los defensores públicos y privados, en los jueces, en los ministerio­s públicos y en la sociedad, porque esta última ha sido trastocada por la cantidad de falencias, comentó el titular de la Unidad para la Implementa­ción del Sistema Penal Acusatorio.

Durante sus conclusion­es en el congreso Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia Penal, Moreno Manjarrez reconoció que la credibilid­ad de la PGR y de las procuradur­ías locales no es la mejor ante la ciudadanía, por lo que invitó a diluir los miedos en la aplicación del nuevo sistema penal.

Agregó que contar con un código penal único permitirá entender la insegurida­d en los estados de la República, así como de combatir a la delincuenc­ia organizada, que se ha convertido en un fenómeno trasnacion­al.

Finalmente, mencionó que hasta el 30 de septiembre de este año se han iniciado 131 mil 500 carpetas de investigac­ión, de las cuales 0.24 por ciento se han resuelto en un juicio oral, al privilegia­rse mecanismos alternativ­os, juicios abreviados y la reparación del daño.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico