Muestra estudio atrasos en la instauración de las fiscalías autónomas en los estados
La mayoría de las entidades se mantienen en el esquema de procuraduría, apunta
La mayor parte de los estados de la República no han transitado hacia una fiscalía con verdadera autonomía, elemento fundamental para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.
De acuerdo con el estudio Lineamientos para un modelo homologado de investigación criminal, realizado por la Fundación MacArthur y el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (Cidac), solamente 10 entidades cuentan con una fiscalía autónoma.
Los estados de Aguascalientes, Chiapas, México, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco cuentan con una institución de procuración de justicia independiente a sus gobiernos.
“Las transiciones hacia esquemas de fiscalía no se han traducido necesariamente en mejoras significativas en la procuración de justicia, de hecho, muchas fueron meramente nominales o bien de un tipo que se ha denominado de ‘autonomía relativa’, es decir, aunque formalmente la fiscalía cuenta con autonomía técnica y de gestión, continúa subordinada financiera y políticamente al titular del Ejecutivo”, revela el documento.
Incluso señala que hay estados como Campeche, Chihuahua, Durango y Jalisco en los que no se otorgó la autonomía a las fiscalías, mientras en Morelos y Yucatán se cuenta con la figura de “fiscalía con autonomía relativa”.
En tanto que Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas se mantienen en el esquema de procuraduría.
“A pesar de que la operación de un sistema de corte acusatorio y adversarial, como el implementado en el país, ofrece una serie de mecanismos para la descongestión de asuntos y la resolución de conflictos mediante formas alternativas, las instituciones de procuración de justicia no cuentan con estrategias para la priorización de los delitos, que les permitan focalizar sus recursos de forma más efectiva.
“Es decir, no se han establecido criterios institucionales que permitan a los operadores distinguir de forma estandarizada entre delitos de distintas complejidades con el fin de determinar el mecanismo de solución más apropiado”, señala el estudio.