Emite la CNDH recomendación al fiscal de Chiapas y al edil de Tila
Detención y ejecución de un hombre a manos de policías, la causa
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al fiscal general de Chiapas, Raciel López Salazar, y al presidente municipal de Tila, Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, por la detención y ejecución arbitrarias de un hombre, cometidas por policías municipales, así como por la falta de diligencia en las investigaciones por parte de las autoridades estatales.
El organismo nacional comprobó violaciones a los derechos a la integridad personal y al acceso a la justicia, en la modalidad de inadecuada procuración de justicia, en agravio de la concubina del hombre asesinado, perteneciente de la etnia chol, y sus tres hijos.
El hombre desapareció el 17 de julio de 2015, en la comunidad de Nueva Esperanza, adonde acudió a una capacitación electoral como funcionario suplente de casilla para los comicios municipales de Tila en 2015, donde sólo se inició investigación administrativa. Siete días después el cuerpo sin vida de la víctima apareció en el rancho San José Changuinic, por lo que su esposa denunció ante la procuraduría estatal que su pareja “fue víctima de desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria”.
En el análisis del caso, la CNDH confirmó que el 17 de julio de 2015, al salir de la capacitación, el hombre victimado fue detenido por dos policías municipales que no lo pusieron a disposición de autoridad alguna, y acreditó la privación de la libertad por esos elementos en la modalidad de detención arbitraria.
“Los uniformados golpearon y amenazaron de muerte a la víctima, sin que en la integración de la investigación la autoridad aportara elementos que permitieran conocer la razón de la aprehensión o el destino del hombre, siendo tales servidores las últimas personas que lo vieron con vida ya que, con posterioridad, sólo se tuvo noticia del hallazgo de su cuerpo, concluyéndose que la detención llevó a la muerte de la víctima y que su ejecución se efectuó como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
El organismo indicó que se siguió un proceso contra los policías, pero el 9 de junio de 2016 se emitió auto de libertad por falta de elementos para procesarlos, por considerar insuficientes los elementos de prueba para demostrar su probable responsabilidad.