La UE prohíbe la venta de armas a Venezuela, entre otras sanciones
Sin resultados, reunión para restructurar la deuda del país petrolero
La Unión Europea (UE) prohibió este lunes la venta de armas a Venezuela y trabaja en un sistema para congelar activos e imponer restricciones de viaje a algunos funcionarios del gobierno chavista, en un intento por aumentar la presión sobre el presidente del país petrolero, Nicolás Maduro.
En este contexto, la primera reunión entre el gobierno venezolano y sus acreedores para discutir una restructuración de la deuda externa de su país y de su estatal petrolera, duró apenas unos minutos, informaron dos participantes al salir del encuentro.
La decisión de sancionar a Caracas fue acordada por unanimidad en una reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la UE, que denunció irregularidades en las pasadas elecciones regionales y no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente.
“Estas medidas se utilizarán de forma gradual y flexible, y pueden ampliarse, dirigiéndose a los implicados en el no respeto a los principios democráticos o el estado de derecho y en la violación de los derechos humanos”, manifestaron los diplomáticos europeos en un comunicado en el que afirmaron que las sanciones tienen el objetivo de “favorecer” el diálogo entre el gobierno y la oposición.
El veto a la compra de armas impedirá la comercialización de equipos militares que podrían usarse para la “represión” o “vigilancia” de los venezolanos. Las medidas contemplan un “marco legal para la prohibición de viajes y el congelamiento financiero para quienes sean responsables de violaciones de los derechos humanos en el país”, precisó el consejo.
Las sanciones podrían revertirse en función de la respuesta de Maduro a la petición internacional de “más democracia” en Venezuela y a la liberación de los presos políticos, agregó el comunicado.
El gobierno de Maduro reaccionó horas después y calificó las medidas en su contra de “ilegales, absurdas e ineficaces”, y sostuvo que la UE “demuestra su lamentable y vergonzosa subordinación a los dictámenes del gobierno de Estados Unidos”.
En tanto, el encuentro promovido por Maduro y sus acreedores sobre restructuración de la deuda venezolana concluyó sin propuestas concretas, cuando al menos un centenar de inversionistas salieron de la reunión sin un panorama claro sobre cómo proseguirán las conversaciones que apuntan a renegociar los términos de pago de unos 60 mil millones de dólares de deuda soberana y de Petróleos de Venezuela.
El breve encuentro se realizó en un día clave en el calendario de deuda de Caracas, porque tenía hasta ayer lunes para cancelar casi 300 millones de dólares en intereses demorados que ya no tienen periodo de gracia.
En agosto, Washington aprobó sanciones que prohíben a sus ciudadanos y a entidades financieras que operen en el sistema venezolano hacer negocios con los bonos de deuda o con capital del gobierno de Maduro y de su compañía petrolera estatal.
Por tanto, Venezuela acusó a Estados Unidos de imponerle un bloqueo financiero.
La economía del país, muy dependiente del petróleo, entró en crisis cuando los precios del crudo comenzaron a caer a escala mundial en 2014, y se ha visto afectada también por las sanciones impuestas por Washington.
El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, quien encabeza la comisión que está a cargo de presentar la propuesta para renegociar los pagos de la deuda, dijo a los inversionistas que Venezuela ha honrado “a cabalidad” sus compromisos hasta ahora.
“Las condiciones económicas han cambiado por la caída de los ingresos petroleros y las sanciones estadunidenses, por lo que hoy Venezuela está limitada para buscar financiamiento y debe plantear nuevas fórmulas para salir de esta situación”, afirmó Aissami.
Agregó que en los pasados 36 meses el gobierno venezolano pagó 73 mil 539 millones de dólares en compromisos externos, a pesar de la caída de los ingresos petroleros.
En otro orden, Rusia, China, Egipto y Bolivia boicotearon una reunión informal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Venezuela, organizada por Estados Unidos, afirmando que el organismo de 15 miembros no debe involucrarse en la situación.